La primera declaración en juzgado de una víctima del franquismo será el día 15
EFE/FotoReferencial
Una jueza de Madrid convocó para el próximo 15 de septiembre la primera declaración ante un juzgado de una víctima que denunció torturas durante el franquismo, Julio Pacheco, tras ser suspendidas el mes pasado por el magistrado de refuerzo para estudiar el proceso.
La titular del Juzgado de instrucción número 50 de Madrid, Ana María Iguácel, tomará declaración al querellante y a una testigo de los hechos que se denuncian, y que consisten en presuntas torturas sufridas en la Dirección General de Seguridad en agosto de 1975.
El procedimiento se enmarca en la querella que presentó Julio Pacheco contra cuatro miembros de la Brigada Político-Social franquista, entre ellos el excomisario José Villarejo, condenado a 19 años de cárcel por delitos de revelación de secretos y falsedad documental, a los que acusa de torturas en 1975, en un contexto de crímenes contra la humanidad.
Esta causa es la primera en España admitida a trámite por la justicia, después de que todas las anteriores querellas, en torno a cien, según la asociación Ceaqua, fueran inadmitidas por la justicia española y trasladadas a instancias internacionales. La primera se interpuso hace seis años.
Pacheco era en el momento de su detención un estudiante universitario y miembro del Partido Comunista, acusado de participar en el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez.
Fue supuestamente sometido a torturas de agentes de la Brigada Político-Social (la policía secreta franquista encargada de reprimir y perseguir a opositores), durante tres días de «secuestro» para que se «autoinculpara», según refleja la querella.
Las asociaciones Ceaqua, Amnistía Internacional, Irídia y Sira celebraron en un comunicado la decisión de la magistrada y esperan que, tras las declaraciones programadas, la causa continúe adelante.
A su vez consideraron una «irregularidad» la suspensión acordada por el juez de refuerzo de las primeras declaraciones fijadas, y recordaron que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas consideró en un informe del mes pasado que «la actual ley de Memoria Democrática no elimina los obstáculos a la investigación de graves violaciones de derechos humanos, como los actos de tortura y las desapariciones forzadas, cometidas en España». EFE
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