La Patilla: La falsa lucha por la Soberanía Alimentaria IV: ¿A dónde va el dinero de los Clap?
Con información de La Patilla
La conformación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) han dado mucho de que hablar, desde su objetivo principal que es proveer a los venezolanos de los alimentos que por falta de producción nacional ya no se encuentran en los anaqueles, hasta su sistema de control monetario.
En un trabajo de seguimiento al tema que viene realizando el portal La Patilla revelan datos y en esta ocasión despejan una gran incógnita: ¿a dónde va el dinero recaudado de estas ventas?, ¿quién supervisa, fiscaliza y controla estos ingresos?.
¿Cómo el pueblo compra las cajas Clap?
En entregas pasadas demostramos el costo para el país de cada MexiClap, en las que destacamos que esas cajas son vendidas, sin facturas y al contado, en las casas de los “favorecidos” a Bs. 10.000, tres dólares al cambio negro. El importador recibe 1.000 dólares y gasta 23 en México o Panamá, y los deja los 10.000 bolívares, a los camaradas de los CLAP, pagados en efectivo (cash o transferencia) por el pueblo y de los que nadie rinde cuentas.
Total gastos 23 + 3 = 26 dólares.
Ganancia neta para el importador 1.000 – 26 = 974 dólares, es decir el 3.746%. Nada mal para jugar con el hambre del pueblo venezolano.
Sin embargo, ¿cómo llegan al pueblo?. Para que una familia reciba su respectivo Clap debe previamente censarse ante el Consejo Comunal de su zona, según sea el caso hay quienes solicitan también el Carnet de la Patria. Luego, estos hacen el pedido a la corporación designada en la Gaceta oficial 41.005, de resolución Nº 009/16, en fecha 29 de septiembre de 2016, en las que se autorizan sólo a nueve (empresas) para identificar las necesidades y elevar los requerimientos de rubros a través de su Centro Nacional de Mando y Control.
Estas coordinan con los delegados locales para recibir el dinero de los beneficiarios, los cuales son recibidos sin ningún tipo de recibo o factura que avalen la compra realizada. Seguido, las Comunas realizan la compra, en muchos casos a través de un cheque de gerencia, para finalmente entregarle los productos al pueblo.
Durante todo el proceso de compra del ciudadano de “a pie” no hay un registro, sustento legal o ente de control de los ingresos recaudados por estas ventas; sumando así otra opaca improvisación característica del régimen, que no rinde cuentas de las acciones que toma para garantizar su falsa lucha por la Soberanía Alimentaria.
En este sentido, el abogado experto en prevención de lavado de dinero y delincuencia organizada, Alejandro Rebolledo, explicó, a LaPatilla.com, que con este Gobierno no hay ningún tipo de regulación de los ingresos, “haciendo imposible saber a quién le compran y a quién le pagan”.
Del mismo modo, expresó que en la reforma de la Ley de Delincuencia Organizada, aprobada en primera discusión, se propuso la creación de la Superintendencia de Negocios No Financieros, ya que “no hay un control de los ingresos de los proveedores, de las compras y de hacia dónde va ese dinero”.
