La oposición pide la renuncia al ministro de Defensa de Colombia
EFE
Políticos de la oposición colombiana le pidieron este lunes la renuncia al ministro de Defensa, Guillermo Botero, porque consideran que le falta claridad en los casos de exguerrilleros y líderes sociales asesinados y en las directrices del Ejército que pueden revivir las ejecuciones de civiles.
La exhortación se la hicieron en una moción de censura que tiene lugar en la Cámara de Representantes convocada el mes pasado luego de que el diario The New York Times revelara una directriz del Ejército para duplicar el número de criminales muertos, lo que pone en riesgo vidas civiles.
«Hemos perdido la confianza en su palabra», dijo la representante Juanita Goebertus, del partido Alianza Verde, al cuestionar la actuación de Botero en el caso del asesinato del exguerrillero de las FARC Dimar Torres, y sus posibles conflictos de interés por sus negocios con empresas de seguridad.
Según Goebertus, «el ministro mintió sobre el homicidio de Dimar Torres y sobre el intento de desaparecerlo», cuando aseguró que el crimen de ese desmovilizado de las FARC, ocurrido el pasado 22 de abril en una zona rural de Convención, en el departamento de Norte de Santander, ocurrió durante «una refriega» con un militar.
Torres fue asesinado por el cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo, quien fue detenido y al caso fue vinculado también el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, llamado a retiro.
«Usted no es competente para el cargo», le espetó el representante David Racero, de la coalición Decentes, cuyo jefe es el senador de izquierdas y excandidato presidencial Gustavo Petro.
Racero agregó que Botero tiene «el deber de asumir los actos, sobre todo estando a la cabeza de las Fuerzas Militares».
La revelación de The New York Times, que obligó al Ejército a «cambiar» la polémica directriz sobre resultados operacionales por el riesgo de que reviviera las ejecuciones extrajudiciales de civiles, conocidas como «falsos positivos», fue otro de los argumentos esgrimidos para presionar la renuncia del ministro.
La representante Katherine Miranda, de Alianza Verde, y una de las promotoras de la moción de censura, agregó que las políticas y directrices de Botero «están volviendo a esa época de los ‘falsos positivos’, a la época del desprestigio, a la época de la violación de derechos humanos».
«Este debate de moción de censura no busca atacar al Ejército en ningún momento (…) tampoco busca atacar a la persona de Guillermo Botero, busca por el contrario fortalecer la institucionalidad del Ejército», dijo.
Los «falsos positivos» fueron ejecuciones de civiles cometidas por miembros de la fuerza pública especialmente en la década pasada para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate y de esta forma obtener premios y permisos de sus superiores, entre otros beneficios.
Las víctimas eran jóvenes pobres de las grandes ciudades, algunos de ellos discapacitados, a quienes militares engañaban con falsas promesas de trabajo para llevarlos a otras partes del país donde eran asesinados.
La Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de «falsos positivos» que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014, de los cuales 2.200 fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.
Por su parte, Mauricio Toro, también de Alianza Verde, aseguró que el debate de moción de censura «no es un tema personal, sino técnico, político, de idoneidad».
Explicó que Botero «no reúne las capacidades necesarias para administrar una de las mejores Fuerzas Militares del mundo» y que la citación no era para hablar de «resultados» operaciones del Ejército, sino para que se explique las razones del asesinato de líderes sociales.
Según la Defensoría del Pueblo, al menos 462 lideres sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2019.
«El ministro de Defensa tiene el deber de hacer un acto de responsabilidad con todos los líderes (asesinados) para que el número no siga creciendo día a día. Sus acciones y sus aportes, solo contribuyen a la estigmatización», afirmó María José Pizarro, del movimiento Decentes e hija del exjefe guerrillero del M-19 Carlos Pizarro, asesinado en 1990, después de firmar un acuerdo de paz.
Entre tanto, Luis Alberto Albán Urbano, conocido en su época de guerrillero en las FARC como «Marcos Calarcá», dijo que la citación al ministro Botero no era un «problema personal».
Según cifras del partido FARC, al menos 114 exguerrilleros y 31 de sus familiares fueron asesinados desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016.
