La ONU crea comisión para investigar última escalada de violencia en Gaza
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La ONU dio luz verde hoy a la creación de una comisión internacional con un amplio mandato para investigar las violaciones de los derechos humanos antes y durante al último conflicto entre palestinos e israelíes, que cesó hace una semana tras provocar unos 240 muertos entre los primeros y más de una decena entre los segundos.
La decisión fue tomada en una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos (CDH), convocada a petición de más de sesenta países y al inicio de la cual la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, dijo que los ataque de misiles lanzados por Israel contra Gaza (uno de los territorios más poblados del mundo) pueden constituir crímenes de guerra.
La resolución recibió 24 votos a favor, 9 en contra y hubo 14 países que se abstuvieron.
Europa no tuvo una posición única, con Alemania y Austria que rechazaron la resolución por considerar que estaba demasiado enfocada en culpabilizar a Israel y no cubría suficientemente las responsabilidades del grupo islamista palestino Hamás (que gobierna de facto Gaza desde 2007), que disparó más de 4.000 cohetes contra Israel en los once días que duró el conflicto, mientras que Francia prefirió abstenerse.
Bachelet recordó que los israelíes están protegidos por un sistema de interceptación y desvío de cohetes conocido como “Cúpula de Hierro” y una de las mejores fuerzas armadas del planeta, mientras los civiles palestinos carecen de cualquier defensa.
ANTECEDENTES DE OTRAS COMISIONES
Esta no es la primera vez que el CDH crea una comisión para investigar las consecuencias de una escalada de violencia entre Israel y Palestina.
Lo más probable es que esta nueva comisión encuentre los mismos obstáculos que sus antecesoras, a las que Israel nunca permitió entrar en los territorios palestinos ocupados para entrevistar a las víctimas, verificar los daños sufridos o recoger información adicional de primera mano.
El CDH decidió en marzo de 2018 enviar con carácter de urgencia una misión para investigar las violaciones de los derechos humanos en el contexto de la represión del Ejército israelí contra los palestinos que participaban en la “Gran Marcha del Retorno” en Gaza.
Los comisionados nunca pudieron entrar en Gaza, pero documentaron en detalle el asesinato de 189 palestinos.
Cuatro años antes, el mismo CDH constituyó una comisión para que investigara los hechos en torno a la operación militar israelí “Margen Protector”, que causó la muerte de 2.200 civiles, pero en esa ocasión Israel tampoco autorizó la entrada de los investigadores, que utilizaron otros medios para realizar sus pesquisas.
MANDATO
La resolución aprobada hoy encarga a la nueva comisión -cuyos miembros deberán ser designados por la presidencia del CDH, en estos momentos a cargo de Fiji- que investigue lo ocurrido no desde el pasado 6 de mayo, fecha que se considera el inicio de los enfrentamientos- sino desde el 13 de abril.
La fecha indicada coincide con el primer día del Ramadán y con un hecho reportado escasamente.
Según el diario The New York Times, ese día un grupo de policías israelíes entró en la mezquita de Al Aqsa de Jerusalén para cortar los cables de los altavoces que transmitían las oraciones desde los minaretes y evitar que así el sonido tapara el de un discurso conmemorativo que se iba a pronunciar en el Muro de los Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo y situado al pie mismo de la conocida como Explanada de las Mezquitas, en el mismo complejo.
Posteriormente empezaron las protestas contra el desalojos de familias palestinas que vivían en Jerusalén Este, considerado territorio ocupado en el derecho internacional, que las fuerzas de seguridad israelíes intentaron dispersar.
La resolución encarga a la comisión por crearse que registre y preserve toda la información que encuentre en caso de que pueda servir de prueba en eventuales procesos legales, que identifique a los responsables de las violaciones y que recomiende medidas que podrían servir para hacer justicia.
Asimismo, pide a los Estados que se abstengan de transferir armamento cuando exista el riesgo de que éste podría ser usado para cometer violaciones graves de los derechos humanos.
