La ONU condena violencia contra candidatos a elecciones locales en Colombia
EFE
El sistema de Naciones Unidas en Colombia condenó y rechazó este miércoles los ataques perpetrados en las últimas semanas contra líderes sociales y candidatos a los comicios locales que se realizarán en el país el próximo 27 de octubre.
«Expresamos nuestro total rechazo a las acciones de los grupos armados y sicarios que atentan contra las personas y en especial contra los hombres y las mujeres que ejercen liderazgo social y político en el marco de la democracia», afirmó la ONU en un comunicado.
El organismo manifestó además sus condolencias a los familiares de las víctimas de estos ataques, que «cobran la vida de personas comprometidas con la democracia en el país».
El ataque más reciente ocurrió anoche cuando desconocidos lanzaron explosivos contra la vivienda de Betsaida Montejo Pérez, candidata a la Alcaldía del municipio de San Calixto, ubicado en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela).
La explosión, que no dejó víctimas mortales ni heridos, causó el aturdimiento a los padres de la política, que no estaba en el momento del atentado en su vivienda, donde pintaron un grafiti alusivo al Ejército Popular de Liberación (EPL).
En esa región del país operan disidencias de las FARC, bandas criminales y el EPL, guerrilla desmovilizada en su mayoría en 1991 y cuyo último reducto es considerado por el Gobierno como una banda criminal.
Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, que organiza las elecciones en Colombia, 117.822 personas quedaron inscritas como candidatas para los comicios del 27 de octubre.
Del total de las inscripciones 176 candidatos aspiran a gobernadores, 5.187 candidatos para alcaldías, 3.583 candidatos para asambleas, 95.487 candidatos a concejos municipales y 13.389 candidatos a Juntas Administradoras Locales.
A este hecho en Norte de Santander se suma el ocurrido el pasado lunes cuando la política liberal Karina García Sierra, candidata a alcaldesa del municipio de Suárez, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), fue asesinada junto a cinco acompañantes y sus cuerpos fueron incinerados.
Por estos brotes de violencia, el sistema de la ONU hizo un llamado para que se «investigue, juzgue y sancione» a los responsables de los ataques e instó a que se redoblen «la protección y garantías de seguridad» para candidatos y líderes sociales.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en Colombia al menos 462 líderes sociales fueron asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero pasado.
Al tiempo, un estudio de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica sostiene que ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC los asesinados desde 2016, año en el que se firmó el acuerdo de paz con esa antigua guerrilla.
Por último, la ONU destacó la firma del pacto por «la cultura política y la no violencia» por parte de los partidos políticos del país el pasado 26 de agosto.
Ese acuerdo tiene como premisas reconocer la diferencia y promover el diálogo, así como rechazar y denunciar la violencia durante la contienda política.
