La ONU acusa a la Justicia de Venezuela de jugar un papel vital en la represión
EFE
El sistema de Justicia venezolano carece de independencia y ha servido durante años para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos contra la oposición al régimen de Nicolás Maduro, concluye un informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela presentado hoy.
El informe, que será debatido en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denuncia prácticas como el uso de supuestas pruebas obtenidas mediante tortura o la emisión de órdenes de detención «retroactivas» para ocultar arrestos ilegales.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, dijo que en medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales.
“Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores, supuestos o reales”, apuntó Valiña.
El Estado venezolano está constitucionalmente obligado a investigar y castigar a todos los y las autores de violaciones de derechos humanos, independientemente de su posición. Sin embargo, la investigación de la Misión encontró que este deber se está incumpliendo en los casos que involucran a opositoras y opositores reales o percibidos por el gobierno como tales.
“La abrumadora mayoría de las violaciones de los derechos humanos y los crímenes que documentamos anteriormente dirigidos a opositores y opositoras del gobierno no han dado lugar a investigaciones exhaustivas, enjuiciamientos y condenas de todas y todos los presuntos responsables,” dijo Francisco Cox Vial, miembro de la Misión.
Asimismo, fuentes del Poder Judicial informaron a la Misión creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019, que los jueces y juezas de todos los niveles reciben habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias, a veces procedentes directamente de altas esferas del Gobierno y canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia.
“En lugar de actuar como un contrapeso de otras instituciones del Estado y ofrecer protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos, el sistema de justicia ha facilitado su comisión y ha contribuido a la impunidad. Algunos jueces, juezas y fiscales han negado los derechos de opositoras y opositores reales o percibidos como tales por el gobierno,” dijo Francisco Cox Vial.
En función de eso dijeron que el sistema de justicia de Venezuela necesita una reforma urgente, para librarlo de influencias políticas indebidas y garantizar que proteja los derechos de todos los venezolanos y todas las venezolanas, de acuerdo con el derecho interno y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
