La muerte de Oscar Pérez aviva denuncias sobre violación de DDHH en Venezuela
EFE
El Gobierno venezolano confirmó que el exagente Oscar Pérez -que había llamado a sacar del poder al presidente Nicolás Maduro– falleció el lunes tras una operación policial que dejó un saldo de nueve muertos, lo que avivó las denuncias sobre la violación de los derechos humanos en el país.
El ministro de Interior, Néstor Reverol, informó mediante alocución televisada que un grupo de «terroristas» liderados por Pérez cometió una agresión que puso «en riesgo la vida e integridad de los funcionarios», dos de los cuales fallecieron en enfrentamientos, reiteró.
Ante ello, explicó, «se procedió, con los protocolos definidos, para neutralizar al grupo agresor, con el lamentable saldo de 7 terroristas fallecidos», entre ellos Pérez y una mujer sin identificar, según se observa en una lámina usada por el ministro.
El funcionario aseveró que las autoridades venezolanas dieron con el llamado «policía rebelde» gracias a información obtenida de «la entrevista reciente que ofreció (…) a un medio internacional», en referencia al canal estadounidense CNN en Español.
Además, Reverol dijo que en el marco del proceso de diálogo que mantiene la oposición con el Gobierno «algunos dirigentes políticos dieron información importante sobre la presunta ubicación de este grupo terrorista en la parroquia El Junquito» del distrito capital, donde fue finalmente abatido Pérez.
Esta aseveración fue ampliamente rechazada por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) mediante un comunicado en el que deploró tan «irresponsables y falsas insinuaciones» y denunció lo que consideró «una ejecución extrajudicial por parte del régimen de Maduro» contra el exagente.
La MUD pidió al Gobierno aclarar la participación de «paramilitares armados» en el operativo de ayer, una teoría denunciada por varias organizaciones de derechos humanos y que todavía no ha sido confirmada por las autoridades.
Antes de caer abatido, el inspector de Policía alzado publicó varios vídeos en la redes sociales en los que se le observaba aparentemente herido y manifestaba a las fuerzas de seguridad su deseo de entregarse pacíficamente.
«¿Por qué si todo el país sabía por las redes sociales que Oscar Pérez y sus compañeros estaban dispuestos a entregarse, el resultado fue el que finalmente ocurrió?», preguntó hoy la oposición e informó que el Parlamento, donde es mayoría, abrirá una averiguación «que permita establecer la verdad de este lamentable y condenable hecho».
Bajo este tono se expresaron varios dirigentes opositores que llegaron a acusar al Gobierno de instaurar la «pena de muerte» al ordenar operativos policiales como el que terminó con la vida del grupo insurrecto.
Por ejemplo, el diputado Simón Calzadilla, miembro de la delegación opositora en las negociaciones con el chavismo, calificó de «crimen de lesa humanidad» la operación de los cuerpos de seguridad contra el grupo armado y pidió una «investigación internacional» del caso.
Por otra parte, la destituida fiscal general de Venezuela Luisa Ortega aseguró que el «asesinato» de Pérez, es una «ejecución extrajudicial» y recriminó que se haya «ignorado» la rendición del exagente «pues la orden fue asesinarlo».
El ministro de interior remarcó hoy que pese a todos los intentos de lograr una rendición pacífica y negociada, «este grupo terrorista fuertemente armado inició de manera artera, malintencionada, un enfrentamiento con los organismos de seguridad actuantes».
Pérez, de 36 años, estaba en la clandestinidad desde el pasado junio, cuando atacó con granadas desde un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) dos edificios oficiales en Caracas.
El agente -que reivindicó la acción y había grabado numerosos vídeos amenazando con derrocar a Maduro– lideró el mes pasado el asalto a un cuartel militar, del que el grupo que encabezaba sustrajo armas tras someter a los soldados que allí se encontraban y recriminarles su lealtad al chavismo.
Según el balance del Gobierno, ocho policías nacionales se encuentran gravemente heridos como consecuencia del intercambio de disparos del lunes y seis personas fueron detenidas, entre ellas dos mujeres.
