La lupa internacional se cierne sobre Chile mientras se debate uso de balines
EFE
La lupa de organizaciones internacionales se cierne sobre Chile con diversas misiones de observación con el objetivo de constatar las denuncias por violaciones a los derechos humanos mientras a nivel interno se debate sobre si el uso de balines de goma para reprimir las protestas fue excesivo.
La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet; la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la organización Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional desplazaron al país austral sus equipos más preparados, y tras un mes de protestas, que han dejado 23 fallecidos, las conclusiones empiezan a aflorar.
Conclusiones que parecen confluir en el mismo punto: desde que comenzó el estallido social en Chile el pasado 18 de octubre se han registrado violaciones a los derechos humanos, una realidad que ya adelantó hace semanas el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Y entre esos abusos y excesos, el que más preocupante para muchos es el uso de balines de goma y perdigones utilizado por parte de Carabineros para reprimir y dispersar las manifestaciones, que tienen su epicentro a diario en la Plaza Italia, en Santiago de Chile.
LOS BALINES DE GOMA, A DEBATE
El debate sobre este elemento antidisturbios se ha incrementado a nivel interno en las últimas jornadas. A causa de estos disparos más de 200 personas sufrieron lesiones oculares y un estudio de la Universidad de Chile indicó que solo están compuestos por caucho en un 20 %, el resto es plomo, sílice y sulfato de bario.
Incluso Carabineros confirmó que no seguirá utilizando esta munición, salvo en casos de riesgo mortal de un uniformado, después de revelar que la composición no se corresponde con la información del origen del producto.
VIOLACIONES A LOS DD.HH., A JUICIO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
Pasado un mes desde el inicio de las protestas, representantes de organismos y organizaciones internacionales están desplegados por Chile para constatar las cientos de denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas.
Mientras la misión de observadores de la ONU realiza su trabajo de forma anónima por el país, la CIDH prepara sobre el terreno la llegada de su equipo especial para crisis en América con entrevistas previas a ciudadanos denunciantes y autoridades del Gobierno.
El representante de HRW se reunió este miércoles con el presidente Sebastián Piñera para dialogar sobre lo ocurrido en el país en los últimos 33 días.
AI incluso ya tiene listo un comunicado con sus valoraciones sobre lo acontecido en Chile en el marco del estallido social, en el que ya han sido detenidas más de 15.000 personas según Carabineros, y los heridos alcanzan los 2.381, de acuerdo a datos del INDH.
LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD SIGUE EN LA CALLE
Ni el acuerdo parlamentario por la redacción de una nueva Constitución ni las medidas de la agenda social anunciadas por el Ejecutivo han logrado que la gente deje de acudir al centro de Santiago a manifestarse.
Si bien es cierto que la cantidad de manifestantes se reducido considerablemente en los últimos días, sigue habiendo motivos para que la gente se agolpe en Plaza Italia cada tarde y se repitan los enfrentamientos entre algunos manifestantes y Carabineros.
Las reforma del sistema de pensiones fue lo que empujó este miércoles a varios cientos de personas en el centro de la rotonda para hacer un alegato en contra de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), fuertemente criticadas por la ciudadanía durante las protestas.
«Hay algunos que están jubilados ya y están recibiendo unas pensiones de miseria que no les alcanzan ni para sobrevivir. Las autoridades y los políticos hacen oídos sordos a las peticiones del pueblo. Aparte son la salud, el agua, la educación. Todo lo que concierne a una seguridad social que debe tener una nación y que no existe en este país», dijo a Efe un manifestante que no quiso identificarse.
«La expectativa que tengo es que se pueda cumplir lo que los jóvenes están solicitando. Nunca más el CAE (Crédito con Garantía Estatal, para estudiantes), que tengamos una buena salud (pública), que sea todo garantizado a través de esta nueva Constitución», explicó Mónica Araya, que también protestaba en la Plaza Italia.
Ambos coincidieron en que han sido los jóvenes los primeros que levantaron la voz contra el modelo económico desigual e iniciaron este estallido social, que comenzó como una revuelta estudiantil en contra del alza en el pasaje del metro de Santiago y se ha convertido en una revolución por un cambio de sistema.
