La liberación de «presos políticos» marca jornada de negociación en Nicaragua
EFE
El Gobierno de Nicaragua y la oposición extraparlamentaria comenzaron este jueves a trabajar sobre la liberación de los manifestantes detenidos y las reformas electorales en la mesa de negociación con la que buscan superar la crisis que estalló hace casi un año.
El tema prioritario en la sesión fue la liberación de todas las personas presas y detenidas por protestar contra el presidente Daniel Ortega, dijo a periodistas Azahalea Solís, integrante de la alianza opositora.
«Nos corresponde a todos los nicaragüenses que (la libertad de los «presos políticos») sea lo más rápido posible, porque hay personas que están ahí desde hace 9 meses, eso no es aceptable», explicó Solís.
Las partes invitaron a la Cruz Roja Internacional para que sea apoyo a la mesa de negociación para la liberación de las personas detenidas.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, abogó por la paz, un día después que la mesa de negociación acordara la liberación de los denominados «presos políticos» en un plazo no mayor de 90 días.
A pesar de las diferencias ideológicas «tenemos que encontrarnos alrededor de un objetivo que es sagrado, que es la paz», dijo Ortega ante un grupo de jóvenes simpatizantes del Gobierno y autoridades de Managua.
Criticó a los sectores que están en contra de alcanzar acuerdos y los tildó de «Caín» y «demonios» que serían enemigos «de la tranquilidad» y que tratan de crear «caos, la ira, el dolor».
Por su lado, el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, conformado por familiares de los detenidos, demandó la anulación de los procesos judiciales y que no apoyarán «ninguna solución que lleve a la impunidad».
Los familiares de los «presos políticos» también exigieron conocer el calendario de liberación, y que el proceso cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.
En tanto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) consideró inaceptable el plazo de 90 días convenido, «pues tal plazo representa día a día una prolongación de la tortura física y psicológica de las víctimas y sus familiares».
También exigió la nulidad de «todos los juicios prefabricados por la dictadura y la liberación inmediata y sin condiciones de todos aquellos que hoy han sido tomados por Daniel Ortega y (su esposa y vicepresidenta) Rosario Murillo como fichas de intercambio para obtener concesiones políticas e impunidad ante los crímenes cometidos».
Las partes no informaron el número de «presos políticos» que será tomado en cuenta, ya que por un lado el Comité cuenta 802, mientras que el Gobierno establece la cifra en 340.
Para el embajador estadounidense en Nicaragua, Kevin Sullivan, en general la agenda consensuada marca un camino hacia el retorno a la democracia plena en este país.
«No hay tiempo que perder. Se necesitan soluciones reales en tiempo real», señaló en un mensaje el embajador estadounidense, que resaltó el compromiso asumido por el Gobierno nicaragüense de «liberar a todos los presos políticos», lo cual calificó como «un paso positivo».
«Deben ser liberados lo antes posible», exclamó en otro mensaje.
A juicio de Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro, Ortega y Murillo «se rindieron» al aceptar la liberación de todos los «presos políticos» y reformar el sistema electoral.
El Cenidh sostiene, sin embargo, que esos «compromisos no son más que una maniobra política calculada por Ortega y Murillo para evitar la aplicación de las sanciones anunciadas por la comunidad internacional».
La aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en proceso en la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.
Durante la jornada, el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución contra la represión violenta de las protestas.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Nicaragua en su «lista negra» debido a la instalación «de facto» de un estado de excepción con el abuso de la fuerza, el encarcelamiento de voces disidentes y la clausura de medios de comunicación.
Además, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco convocó a una nueva manifestación «por la libertad» para el próximo sábado.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
