La ley de Cabo Verde impide a Venezuela intervenir en el caso de Álex Saab

EFE

La ley de Cabo Verde no permite que el Gobierno de Venezuela intervenga legalmente en el proceso de extradición del empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y requerido por EEUU, confirmó este jueves a Efe el abogado caboverdiano Arnaldo Silva.

El Ejecutivo venezolano intentó, en las últimas horas, contratar a Silva para asistir en el caso, pero el propio letrado le informó de que no era posible formalizar esta representación, pues la legislación de Cabo Verde «no reconoce que el Gobierno de Venezuela tenga un interés directo o inmediato en el proceso».

«Me contactaron para ser su abogado, pero les informé de que no es posible porque procesalmente el Gobierno de Venezuela no tiene legitimidad para ningún tipo de intervención en el proceso», explicó Silva a EFE en Praia, capital de este país insular de África occidental, al añadir que la ley es «bastante clara» al respecto.

Silva fue contactado por el bufete de abogados Abreu, uno de los más importantes de Portugal, que actuaba en nombre del Ejecutivo de Caracas.

Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal (el más importante de este país insular de África occidental), en respuesta a una petición de EEUU cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.

El abogado remarcó que el proceso contra Saab no será juzgado en Cabo Verde, donde sólo decidirá en un tribunal sobre la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos y ya respaldada por el Gobierno de Cabo Verde, y «llevará mucho tiempo tener un resultado».

Silva recordó que el caso es «judicialmente complejo y muy mediatizado, además de estar sujeto a varios recursos» de apelación posibles, como ya ha admitido la defensa del empresario.

Según el letrado, el Gobierno venezolano está priorizando los contactos diplomáticos. Con este fin está en Cabo Verde, por segunda vez desde el arresto de Saab, el embajador de Venezuela ante este país, Alejandro Correa Ortega, con residencia oficial en Senegal.

El Gobierno de Cabo Verde ha autorizado la extradición a Estados Unidos del empresario, opinión remitida la pasada semana al Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente (norte del archipiélago), que asumirá la deliberación final.

La defensa tiene de plazo hasta hoy, jueves, para manifestar ante la citada corte su oposición a la decisión del Gobierno.

Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela indicó que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde para regresar al país.

La defensa argumenta que el empresario «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde».

Para lograr sus objetivos, Saab ha contratado un amplio consorcio de abogados que incluye a reconocidos especialistas internacionales como el exjuez español Baltasar Garzón o el holandés Rutsel Martha (exdirector de asuntos legales de Interpol).

Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con «cientos de millones de dólares».

Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.