La Fiscalía de Perú investiga a congresistas que desacataron fallo judicial
EFE
La Fiscalía de Perú ha abierto «indagaciones preliminares» contra los congresistas que esta semana desacataron una resolución judicial y decidieron seguir adelante con el proceso de elección de seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
«Habrían cometido delito de resistencia o desobediencia a la autoridad», señaló una nota de prensa difundida este sábado por el Ministerio Público.
El Congreso, que culminará su última legislatura el próximo 16 de julio, mantuvo el pasado miércoles su intención de elegir a los magistrados a pesar de que un juzgado constitucional de Lima admitió una medida cautelar que pidió la nulidad de la selección y ordenó al Parlamento que disponga la suspensión provisional de la elección.
En medio de acusaciones de «prevaricación», la mayoría de los congresistas ratificó una decisión de la Junta de Portavoces, que acordó que la elección de los magistrados es una potestad que les otorga la Constitución y «no están sujetos a mandato imperativo».
La investigación fiscal
Sin embargo, en medio de la polémica generada por este caso, la Fiscalía abrió la investigación contra los congresistas «que resulten responsables de la presunta comisión del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, al haber ratificado el acuerdo de la Junta de Portavoces para continuar con la elección de los magistrados» del TC.
Añadió que esta investigación es «de naturaleza compleja por el número de involucrados», por lo que se ha dispuesto que se desarrolle en «un plazo de cuatro meses», y las acciones fiscales incluirán la identificación de los legisladores que ratificaron el acuerdo de la Junta de Portavoces y tomarán sus declaraciones.
El Ministerio Público también solicitará al Congreso el acta de la sesión del 8 de julio pasado sobre la elección de los miembros del TC, los nombres de los congresistas que integran la Junta de Portavoces, y los acuerdos que se emitieron sobre este tema.
La decisión del congreso
En medio de pugnas internas, la decisión de continuar con el proceso de elección de seis de los siete magistrados del TC fue tomada, principalmente, por las bancadas de la agrupación fujimorista y de partidos de derecha del Legislativo.
El Congreso, que será reemplazado el próximo 26 de julio por el nuevo parlamento elegido para el período 2021-2026, desoyó una resolución del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima e intentó avanzar el miércoles y jueves con la fase final del proceso, aunque sin llegar al consenso para nombrar a los nuevos magistrados.
Posteriormente, el presidente de la Comisión Especial para elegir a los miembros del TC, Rolando Ruiz, afirmó que este martes intentarán retomar el debate del tema.
Este proceso ya ha generado discrepancias y disidencias en las bancadas que lo promueven, mientras que es rechazado totalmente por los izquierdistas del Frente Amplio, los liberales del Partido Morado y los conservadores del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), que ha advertido que los parlamentarios «tendrán que asumir las consecuencias» de sus actos.
La advertencia de la corte suprema
La Corte Suprema de Justicia remarcó este jueves que las decisiones judiciales «son de obligatorio cumplimiento» y que «los altos funcionarios tienen en esto una doble responsabilidad constitucional», ya que deben respetar «al estado constitucional de derecho, así como al ordenamiento jurídico vigente».
«La discrepancia debe ser canalizada por los cauces democráticos y constitucionales», sostuvo antes de enfatizar que «en un estado constitucional de derecho, la resolución de conflictos recae en el Poder Judicial y los jueces garantizan los derechos fundamentales de las personas y sus decisiones son motivadas, bajo responsabilidad».
La Corte Suprema también señaló que las críticas no pueden implicar «una falta de respeto a la investidura del juez o jueza», por lo que exhortó «a las instituciones y a la ciudadanía al respeto de los mandatos emanados de la administración de justicia». EFE
