La Fiscalía de Maduro eleva a 20 el número de fallecidos en naufragio de Güiria
EFE
La cifra de fallecidos por el naufragio ocurrido el sábado en el Caribe se elevó a 20, informó este lunes la Fiscalía de Venezuela, que se encuentra investigando el hecho por delitos de tráfico y trata de personas, aunque la oposición defiende que se trata de emigrantes.
A través de un mensaje en Twitter, el fiscal Tarek William Saab informó sobre la cifra y la detención del venezolano Luis Alí Martínez, quien «sería el dueño» de la embarcación que naufragó.
1) #AHORA el @MinPublicoVE informa la aprehensión para ser #imputado de Luis Alí MARTÍNEZ (V-9.937.374) quien sería el dueño de la embarcación “Mis Recuerdos” que naufragó dejando al menos 20 personas fallecidas este 12 de Diciembre en las costas de Güiria (Sucre) pic.twitter.com/BJDa7YkbLC
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) December 14, 2020
Saab señaló que hay seis personas más relacionadas con el caso y solicitó una alerta roja de Interpol para el ciudadano venezolano Alberto del Valle Abreu Cedeño.
El fiscal detalló que «las investigaciones» por lo ocurrido las están realizando las fiscalías de Güiria, ubicado en el estado costero de Sucre y limítrofe con Trinidad y Tobago, «con competencia plena adscrita» a la «protección a la familia y la mujer» por los delitos de tráfico y trata de personas.
CIFRA DE FALLECIDOS PODRÍA SEGUIR EN AUMENTO
Por su parte, el diputado de la oposición venezolana por el estado Sucre (noreste), Robert Alcalá, indicó en una rueda de prensa que los fallecidos podrían elevarse a 22, pues la información que maneja es que en el bote iban cerca de 25 personas.
«Los fallecidos pudieran aumentar a 22. Es una información no confirmada (que) estoy tratando de confirmar», dijo Alcalá que, junto a su par, Carlos Valero, defendió que en la zona de Güiria están ocurriendo zarpes ilegales de emigrantes venezolanos diariamente, «con la complicidad» de funcionarios civiles y policiales.
Aseguró que, desde los puertos, funcionarios policiales cobran a los emigrantes para embarcarlos hacia Trinidad y Tobago, donde, en muchos casos, los esperan familiares.
Por su parte, el diputado Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, indicó que es «altamente» probable que hayan más personas afectadas, sin que esto signifique que sean fallecidos.
El parlamentario, que no negó que existen mafias de trata de personas en la costa, remarcó que hay «muchos venezolanos en Trinidad y Tobago -según las cifras que maneja, cerca de 40.000-» y «en diciembre quieren reunificarse con su familia», por lo que no descarta que algunos «viajen en esta temporada» a través de embarcaciones ilegales.
«Tienen algunos de ellos allegados con peñeros (pequeñas embarcaciones abiertas) y pueden organizar viajes de este tipo», agregó y aseguró que parte de la familia del ciudadano detenido murió porque iba en la embarcación.
LA OPOSICIÓN CONDENA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO
Valero además rechazó el pronunciamiento de las autoridades del Gobierno venezolano, que ha dicho que se pretende politizar lo ocurrido, pues cree que el naufragio es consecuencia de la migración venezolana ante el colapso de servicios y la falta de oportunidades en el país.
En ese sentido, manifestó que el Gobierno de Nicolás Maduro tiene una «relación extraña» con el de Trinidad y Tobago porque, a su juicio, no condena lo ocurrido.
«Hay más de ciento y tantos de venezolanos que están desaparecidos y el régimen no dice nada. No les importa», dijo Valero en referencia a las tres embarcaciones que desaparecieron o naufragaron el año pasado y por las que también el Ministerio Público ha abierto investigaciones.
Valero también informó que desde la comisión parlamentaria impulsará una campaña para que los venezolanos no se vayan a Trinidad y Tobago porque, dijo, el Gobierno de ese país tiene una actitud «hostil».
«En ese país no nos quieren, nos desprecian», apuntó y acusó al primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, de no querer que las familias venezolanas se «reencuentren».
Por otro lado, un grupo de jóvenes se acercó este lunes a la sede en Caracas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para solicitar que se pronuncien ante lo ocurrido. EFE
