La firma del memorando 2792 dejó a los trabajadores en condición de esclavitud
Correo del Caroní
Los temores por la eliminación de los contratos colectivos aumentaban entre la dirigencia independiente y en la masa laboral a mediados de 2018 y luego, el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, anunció en septiembre la aprobación de unas tablas salariales para el sector público. “Va a haber una sola tabla que va a regir toda la administración pública”, declaró en televisión nacional.
El anuncio encendió las alarmas en las empresas básicas. El secretario de Trabajo y Reclamo del Sindicato de Trabajadores de Alcasa, Henry Arias, aseguraba que había una clara intención del gobierno y la Central Bolivariana de Trabajadores (CBT) de eliminar los beneficios históricos del movimiento obrero.
Distintas manifestaciones se realizaron, tanto en los portones de las empresas como en las inmediaciones del Edificio Administrativo de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), tratando de evitar que se cumpliera el temor de perder beneficios alcanzados en años de lucha.
En una de las jornadas de reclamo, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica Nacional (Sidernac), Alejandro Álvarez, denunció que se pretendía desconocer las hojas de cálculo y calificaba la medida como un fraude laboral.
“Estamos exigiendo respeto a nuestros derechos y que se aplique nuestra tabla salarial, que fue producto de varios años de lucha, y ahora el gobierno lo quiere violentar”, dijo frente a los portones de la CVG, aunque nada evitaría lo que ocurrió posteriormente.
El “histórico” acuerdo firmado en Caracas y sin la participación de dirigentes sindicales independientes terminó avalando la destrucción de los contratos colectivos y beneficios de los empleados de las industrias de Guayana.
El 11 de octubre, apenas un día después, salió con la firma del entonces ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, el documento que eliminó los contratos colectivos y los años de luchas y conquistas, no solo en las empresas básicas, sino en todo el país: el memorando 2792.
Se estableció un salario de 1.800 bolívares soberanos con el fin “racionalizar la justa distribución de la riqueza entre todos los trabajadores” y los beneficios de los contratos colectivos fueron puestos en “revisión”, bajo el argumento de ser onerosos y atentar contra la fuente de trabajo.
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