La encrucijada de los «narcosobrinos»: colaboración con el caso o una larga condena
Redacción 800 Noticias
Los sobrinos del presidente de Venezuela y la primera dama, Nicolás Maduro y Cilia Flores, enfrentan de 20 a 30 años en la cárcel, según expertos en temas judiciales, por conspirar para ingresar de contrabando a Estados Unidos 800 kilogramos de cocaína.
Ahora que han sido declarados culpables, ellos no cuentan con muchas opciones para reducir sus sentencias. Pero una vía para recortar sus condenas de cárcel sería la cooperación con funcionarios de EEUU que están impacientes por obtener más información sobre los movimientos del narcotráfico desde Venezuela, según un reportaje publicado este miércoles por el diario El Nuevo Herald.
Efraín Campo, de 30 años, y Francisco Flores, de 31, fueron declarados culpables el viernes pasado de planear el contrabando de cocaína desde el hangar presidencial en el aeropuerto de Caracas jhasta Honduras para luego enviarlo a Estados Unidos.
La sentencia mínima es de 10 años, pero ellos enfrentan condenas mucho más largas debido a la gran cantidad de droga involucrada.
Tienen cuatro meses antes de su audiencia de sentencia. Sus abogados han presentado mociones para revocar el veredicto alegando que la evidencia es insuficiente. De no conseguirlo, litigarán hasta conseguir la sentencia más baja posible.
Cooperar podría ser la mejor de sus opciones, aun cuando ello no sea algo tan viable.
Por lo general, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, o cualquier otro fiscal federal, no permite que los acusados cooperen después de haber ido a juicio, aunque podría hacer una excepción en un caso tan célebre.
También influye en este caso la naturaleza explosiva de la información que podrían tener Campo y Flores para implicar a otros miembros de su familia y altos funcionarios venezolanos.
“Por supuesto que ellos pueden arrojar luz entre los lazos de lo que estaban haciendo y los funcionarios más altos”, dijo Brian Fonseca, director del Instituto Gordon de Política Pública en la Universidad Internacional de la Florida.
“La pregunta es si ellos revelarán esa información o no para no poner en peligro a su familia en Venezuela, por razones de lealtad o por lo que sea”, agregó.
Los sobrinos ya han implicado al gobierno venezolano. En grabaciones que se escucharon en el juicio, Flores se jactó de tener un control completo del hangar presidencial en el aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetía.
Campo fue grabado cuando alegaba que funcionarios del gobierno controlaban el Cartel de los Soles, un grupo de militares de alto rango que se cree son narcotraficantes.
Se alega que, al ser arrestado en Haití, Campo indagó sobre la posibilidad de cooperar con la fiscalía y preguntó si la Administración para el Control de Drogas (DEA) estaría interesada en información sobre lavado de dinero. Más adelante, él no ha dado indicación adicional alguna de querer colaborar con el gobierno.
El notorio capo de la droga Carlos Lehder, colombiano que ayudó a revolucionar el negocio de la cocaína utilizando una isla en las Bahamas como estación de paso entre Colombia y Estados Unidos, fue convicto y sentenciado en 1988 a 135 años de cárcel además de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.
Pero pocos años después consiguió hacer un acuerdo con el gobierno que redujo su condena a 55 años al testificar sobre los vínculos del dictador panameño Manuel Noriega con los carteles colombianos de la droga.
En una situación similar, Campo y Flores podrían tratar de negociar una sentencia menor proveyendo información sobre el gobierno venezolano, del que EEUU se ha quejado que tiene vínculos con el narcotráfico.
David Weinstein, ex fiscal federal que dirigía la división de narcóticos en la fiscalía federal de Miami, dijo que generalmente los fiscales no dan oportunidades a los acusados de que cooperen una vez terminado el juicio, pero podrían hacer una excepción debido a la naturaleza de la información de Campo y Flores.
“Podría ser que ellos estarán dispuestos a sentarse para conversar sobre la información que poseen. Si el valor de esa información es suficientemente valioso para el caso, los fiscales podrían variar su protocolo habitual y aceptar la cooperación, aunque sin promesas ni garantías para los acusados”, señalo Weinstein.
Es posible que los acusados, no obstante, tengan que renunciar a su derecho a apelar. Hasta el momento, sus abogados han dado clareas indicaciones de que se proponen seguir luchando por sus clientes.
