La situación postelectoral aumenta la distancia entre el gobierno y la oposición
EFE
La situación política desatada en Venezuela tras la cuestionada victoria en las presidenciales que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó a Nicolás Maduro amplió las distancias entre el chavismo y la oposición mayoritaria, hoy más lejos de un entendimiento que hace un año, cuando las partes suscribieron un acuerdo con garantías para los comicios.
El 17 de octubre de 2023, una delegación del Gobierno y otra de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -principal bloque opositor- se reunieron en Barbados, donde pactaron, bajo la mediación de Noruega, respetar el «derecho de cada actor político de seleccionar su candidato», actualizar el registro electoral, invitar a veedores internacionales y promover un clima pacífico, entre otros puntos.
Sin embargo, pese a estas y otras garantías contempladas en el documento, los pasados comicios, lejos de resolver la inestabilidad política, agravaron la confrontación entre ambas partes, que se dan por ganadoras con base en unos resultados que el CNE no publicó de forma desagregada.
Entretanto, cada bando ha llamado a un diálogo que el otro rechaza y en el que se niega a participar.
Según dijo a EFE el exdiputado Stalin González, integrante de la delegación opositora en Barbados, tras los comicios se han alejado «más las posiciones», por lo que hoy resulta «mucho más difícil» alcanzar el acuerdo que, a su juicio, urge al país, a menos de tres meses de la toma de posesión presidencial, el 10 de enero.
Un nuevo acuerdo
Para González, mientras continúe la actual crisis, Venezuela -que vive un «desastre» económico con salarios «por el piso» y servicios públicos que «no funcionan»- va a «estar en decadencia», algo que niega el Ejecutivo, que prevé un crecimiento superior al 10 % contra todo pronóstico.
El opositor considera que, en beneficio de una nación que quiere vivir «bien y tranquila», y pese a que el oficialismo «violó todo» lo pactado en Barbados y «no pareciera estar preparado para la alternancia del poder», ambas partes deben sentarse nuevamente y negociar un acuerdo que garantice que «haya una convivencia política», más «no cohabitación», y que no se va a «perseguir a nadie».
En ese sentido, prosiguió, hay que dar una «señal clara» de que la oposición no representa una «amenaza» para «el chavismo en términos personales».
«Somos una amenaza en términos políticos porque tenemos una propuesta política distinta, porque queremos llegar al poder para ejercerlo de manera distinta, pero no para perseguir», dijo.
A su juicio, la oposición, de cara a un nuevo diálogo, debe «entender que el chavismo existe» y que, por otra parte, es un error «creer que la presión internacional es una fortaleza» para resolver la crisis.
Mientras, el Gobierno, que está «deslegitimado», según González, dentro y fuera del país, tiene que «entender» que «hay un deseo grande de cambio», que su proyecto «ya es inviable» y que, por tanto, debe impulsar un acuerdo que «retome el camino que dice la Constitución» para tener «una democracia plena», con «separación de poderes».
Llamados a diálogos
El Parlamento, controlado por el chavismo, comenzó este mes un diálogo para ajustar la legislación electoral, sin la participación de la PUD, que rechazó la convocatoria y, a su vez, llamó a una «negociación seria» para una «transición» de cara al 10 de enero, al insistir en que el ganador fue su líder, Edmundo González Urrutia.
La coalición dice que quienes «deben abandonar el poder por voluntad del electorado» y a quienes les «corresponde asumirlo» tienen que «designar las comisiones de enlace necesarias para que el Poder Ejecutivo funcione de la manera más ordenada en la transición».
El jefe negociador de Maduro, Jorge Rodríguez, rechazó ese llamado, al asegurar que el chavismo no acepta «reuniones secretas, ni reuniones en capillas, ni en ninguna otra parte que no sea» el Parlamento, donde se desarrolla, desde el 3 de octubre, el proceso para revisar leyes electorales, de cara a las votaciones regionales y municipales previstas para 2025.
La PUD, por su parte, considera ese proceso como «un ejercicio de propaganda», y expresó que «fue precisamente el régimen» el que «violó lo establecido en el Acuerdo de Barbados», que «contemplaba el respeto a los resultados de las elecciones presidenciales».
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