La CIDH y Acnudh ofrecen asistencia a Honduras para diagnóstico de cárceles
EFE
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ofrecieron este martes asistencia técnica al país centroamericano para realizar un diagnóstico del sistema penitenciario.
En un comunicado conjunto, la CIDH y la Acnudh destacaron la importancia de que el diagnóstico del sistema penitenciario, las políticas públicas y las reformas se hagan en el marco de la declaración de emergencia decretada la semana pasada por el Gobierno hondureño.
Además, esperan que sean el resultado de «un proceso de análisis a la luz de los estándares», para lo cual ofrecieron “asistencia técnica» y sugirieron que en la construcción «se propicien los mecanismos para la participación efectiva de diversos sectores que dan seguimiento a la temática».
Expresaron además su «profunda consternación» por la muerte violenta de al menos 37 personas y múltiples heridos en dos riñas registradas el fin de semana en dos cárceles de Honduras.
Las matanzas ocurren luego de que el pasado día 16 el poder Ejecutivo declaró emergencia en el sistema penitenciario y creó una Comisión Interventora integrada por elementos de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).
ROL PROTAGÓNICO La CIDH y Acnudh esperan que las instituciones que integran la Fusina «asuman un rol protagónico en la comisión interventora, en apego a los estándares internacionales y regionales de derechos humanos».
Los organismos indican que mecanismos regionales e interamericanos de derechos humanos han recomendado a Honduras «de manera sistemática reconsiderar el papel desempeñado por los militares en los centros penitenciarios mediante el traspaso de la gestión de los centros penitenciarios a autoridades civiles».
Ante ello, el Estado debe establecer «una estrategia para la progresiva desvinculación» de las Fuerzas Armadas de las funciones penitenciarias y que permita «el traspaso de la gestión, tanto a nivel formal como material», de las cárceles al Instituto Nacional Penitenciario.
La CIDH y Acnudh instan a Honduras a «cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos revisando la concordancia del decreto de declaratoria de emergencia nacional del sistema penitenciario nacional, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y las recomendaciones realizadas al (país)por órganos interamericanos e internacionales de protección de derechos humanos».
INCLUSIÓN DE COMISIONADO DE DDHH Exhortan al Estado de Honduras a incluir en la comisión interventora al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y al Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes, con el fin de que sus observaciones y recomendaciones contribuyan al cumplimiento de sus funciones.
Piden además una investigación «exhaustiva, independiente e imparcial» de hechos violentos suscitados en las cárceles para «lograr la sanción de los responsables individuales, las responsabilidades estatales y la reparación efectiva de las víctimas y sus familiares».
El Estado de Honduras tiene «la obligación de proteger los derechos humanos de toda persona privada de libertad» y, para ello, debe «tomar las medidas de prevención y garantizar la adopción de medidas de garantía de no repetición».
La CIDH y Acnudh se solidarizaron con las víctimas y sus familiares y recordaron que parte de las obligaciones internacionales del Estado es brindar asistencia integral a esas personas.
FACILITAR TRABAJO DE DEFENSORES DE DDHH Destacaron además la importancia de facilitar el trabajo de los defensores de derechos humanos y las instituciones nacionales de protección de esas garantías y de prevención de la tortura, por lo que el Estado debe «garantizar que las mismas lleven a cabo su labor en un entorno propicio que garantice el desarrollo de su trabajo, las cuales incluyen la protección a su integridad personal».
Reiteraron su disposición de brindar «asistencia técnica» al Estado de Honduras para el cumplimiento de sus compromisos internacionales y los estándares interamericanos en materia penitenciaria.
El Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de Honduras suscribieron un acuerdo el 4 de mayo de 2015 para establecer una oficina de ese organismo en Tegucigalpa, con el fin de mejorar el goce de los derechos humanos.
Esta oficina «monitorea de manera independiente la situación de los derechos humanos en Honduras, asesora a las instituciones del Estado y a las organizaciones de sociedad civil, y difunde información sobre los derechos humanos».