La CIDH expresa su preocupación por impedimento de manifestación en Nicaragua
EFE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la decisión de la Policía de Nicaragua de negar el permiso de marchar este domingo a una alianza opositora local, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en defensa de los «presos políticos».
«Tuvimos muy pendientes de que se autorizara la marcha, pero vemos que no ha sido autorizada», dijo a periodistas Ana María Tello, coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), establecido por la CIDH.
«Es una marcha que no es solo nicaragüense, es una marcha que recuerda un Día Mundial de Naciones Unidas, que es el día en contra de la violencia contra la mujer», observó.
La decisión de la Policía de Nicaragua, agregó, «nos preocupa», y advirtió que impedir una protesta o manifestación pública y pacífica «es violatorio de los derechos humanos».
La Policía Nacional no autorizó esa manifestación que pretendían realizar este domingo grupos feministas, junto a la Unidad Nacional Azul y Blanco, entre otras razones, porque en el grupo de personas que solicitaron el permiso se identificaron «a quienes realizan prácticas vandálicas en centros comerciales, con el único objetivo de dar continuidad a los actos terroristas».
También de «reactivar los tranques (bloqueos de vías) con sus propósitos golpistas, teniendo entre sus planes inmediatos afectar a las familias en las celebraciones de la Purísima, Navidad y Fin de Año», señaló la fuerza pública en una resolución, sin especificar nombres.
La Unidad Nacional aún no se pronuncia si mantiene o no esa movilización, aunque los movimientos feministas, que forman parte de esa coalición, anunciaron su suspensión por la falta de permiso.
La marcha opositora estaba previsto que arrancara a las 09.00 hora local (15.00 GMT) del domingo en las afueras del Colegio Teresiano y concluiría en las afueras de la Universidad Centroamericana.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 a los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de «golpe de Estado».
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
