La CIDH expresa «grave preocupación» por la condena contra biólogo cubano
Fuente: EFE
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy «grave preocupación» por la condena de un año de prisión que dictó en mayo pasado un tribunal de Cuba contra el biólogo y activista medioambiental cubano Ariel Ruiz Urquiola.
En un comunicado, la Relatoría consideró que existe un «recrudecimiento» en Cuba de la «criminalización» de académicos, periodistas, artistas y activistas.
Al respecto, la Comisión mencionó el caso del opositor cubano Eduardo Cardet, que sustituyó al fallecido disidente Osvaldo Payá al frente del Movimiento Cristiano de Liberación y cumple una condena de tres años impuesta en marzo por criticar en público al difunto líder cubano Fidel Castro (1926-2016).
Ruiz Urquiola, de 44 años, fue sentenciado el pasado 8 de mayo a un año de año de prisión por un delito de «desacato a la autoridad».
Fue acusado de ese cargo porque el 3 de mayo discutió con dos miembros del cuerpo de guardabosques estatal que le solicitaron los permisos legales para operar en la finca que posee en usufructo desde el año 2015 en el Valle de Viñales, un paraje natural de Pinar del Río donde desarrolla un proyecto ambientalista.
Ruiz Urquiola consideró que la condena era «injusta» y «arbitraria» y, en respuesta, estuvo en huelga de hambre y sed durante 16 días, lo que llevó a su ingreso en un hospital.
El 3 de julio, el biólogo y activista pudo regresar a su casa en La Habana después de ser librado por motivos de su salud mediante una «licencia extrapenal», una figura jurídica que no anula las condenas impuestas.
Ruiz Urquiola fue despedido en 2016 de la Universidad de La Habana, donde trabajaba como investigador, tras achacársele repetidas ausencias laborales injustificadas, un motivo que el activista rechaza a la vez que considera que en su despido hubo «abuso de poder».
Fue declarado «preso de conciencia» el pasado 12 de junio por Amnistía Internacional (AI), que pidió su liberación, un reclamo al que se sumaron autoridades de la Iglesia católica cubana, el Gobierno de Estados Unidos y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
