La CIDH condena la detención y expulsión de periodistas en Venezuela
EFE
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy la detención de periodistas por parte de los cuerpos de seguridad de Venezuela y la expulsión de corresponsales extranjeros que ingresan para cubrir la situación de ese país.
«La prensa nacional y extranjera tienen un rol fundamental en cubrir la situación de crisis política y económica que vive Venezuela», señaló el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, en un comunicado difundido hoy.
La Relatoría detalló, citando información de conocimiento público, que «al menos siete periodistas extranjeros habrían sido detenidos de manera arbitraria en la última semana, de los cuales dos periodistas de nacionalidad chilena habrían sido expulsados del país».
Asimismo, indicó, siempre según lo informado, que los periodistas habrían sido liberados de forma progresiva y estarían en trámite de salida del país.
Entre los casos citados, mencionó a los periodistas franceses Pierre Caillé y Baptiste des Monstiers y su conductor, Rolando Rodríguez, «quienes habrían sido detenidos al mediodía del 29 de enero en las proximidades del Palacio de Miraflores».
También a los informadores chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, de TVN, arrestados ese mismo día y expulsados el 30 de enero.
Junto a ellos fueron detenidos los periodistas venezolanos Maikel Yriarte y Ana Rodríguez, quienes fueron posteriormente puestos en libertad, agregó el comunicado.
También la Relatoría mencionó a Leonardo Muñoz, Mauren Barriga y Gonzalo Domínguez Loeda, periodistas de la Agencia EFE detenidos por las fuerzas de seguridad en Caracas.
«El Estado tiene la obligación de garantizar el trabajo de los periodistas y abstenerse de imponer restricciones a los periodistas extranjeros que viajan a Venezuela», señaló la Relatoría.
En ese sentido, indicó que «los agentes del Estado deben respetar y garantizar el trabajo de los periodistas, foto-reporteros y camarógrafos» que cubren las protestas y consideró una violación a la libertad de expresión y a «otros derechos involucrados» cualquier «agresión, destrucción o secuestros de equipos o materiales y detenciones».
Por otro lado, la Relatoría sentenció que «los esquemas de acreditación a periodistas solo son apropiados si son necesarios para proveerles de acceso privilegiado a algunos lugares y/o eventos», al tiempo que consideró que ese proceso debe ser supervisado por «órganos independientes» y estar basado «en criterios claros y no discriminatorios».
«La acreditación nunca debe ser objeto de suspensión solamente con base en el contenido de las informaciones de un periodista», advirtió la Relatoría.
