La CIDH condena el cierre de organizaciones civiles y religiosas en Nicaragua
EFE / Foto referencial
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela, dedicada a la investigación de los derechos humanos en este país, denunció este jueves «la falta de imparcialidad» del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ha avalado la victoria de Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, así como del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Ambas entidades «han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado», señalaron los miembros de la instancia creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, poco después de conocerse el fallo del TSJ.
En una declaración emitida a través de redes sociales, la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, sostuvo que el gobierno ejerce una «injerencia indebida sobre las decisiones del TSJ a través de mensajes directos a magistrados y declaraciones públicas del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello».
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El jurista chileno Francisco Cox, otro de los miembros de la Misión, recordó que hace dos años la Asamblea Nacional (Legislativo venezolano), de mayoría oficialista, modificó la membresía del Comité de Postulaciones Judiciales para poder controlarlo.
En esas circunstancias eligió a los actuales veinte magistrados y magistradas del TSJ, cuya presidenta, Caryslia Rodríguez, «es militante del gobierno y ha ejercido cargos de elección popular», recordó.
También el actual presidente del CNE, Elvis Amoroso, ha sido diputado de la Asamblea Nacional por el partido de gobierno, y en el cargo de controlador general fue el responsable de «la inhabilitación arbitraria de María Corina Machado», agregó Patricia Tappatá, integrante de la Misión.
El TSJ asumió la supuesta «validación» de los resultados electorales a solicitud de Maduro, quien presentó un recurso de amparo -que nunca se conoció- por el que fueron convocados los 10 excandidatos presidenciales, aunque Edmundo González Urrutia declinó asistir.
El candidato de la mayor coalición opositora de Venezuela sostuvo que la verificación no es competencia de la institución jurídica sino del CNE.
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