La Asamblea Nacional solicitó a países de Estatuto de Roma denunciar a CPI caso venezolano
EFE
La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, instó este martes a los países firmantes del Estatuto de Roma (más de 123) a sumarse a la iniciativa de seis naciones americanas que pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) investigar supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014.
En un debate para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Legislativo aprobó «reconocer el avance que el caso venezolano ha tenido» en la CPI e instó «a los países firmantes del Estatuto de Roma a sumarse a la iniciativa» de los países «que han exigido celeridad a la Fiscalía de la CPI».
La Fiscalía de la CPI ha recibido numerosas denuncias sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, incluida la presentada por Argentina, Colombia, Canadá, Chile, Paraguay y Perú y a principios de mes indicó que el examen preliminar sobre el país caribeño «se está realizando con el objetivo de formular conclusiones en un período de tiempo razonable».
En el debate que realizó hoy el Legislativo, y en el que como de costumbre solo participó la oposición, se aprobó además pedir a la comunidad internacional «la atención inmediata a la catástrofe humanitaria, económica, política y social que afronta Venezuela» para que sea solucionada a través de mecanismos constitucionales.
Se remarcó que en Venezuela «no hay ninguna garantía de respeto a los derechos humanos», debido a que hay escasez de medicinas, alimentos; así como políticos, militares y disidentes del Gobierno presos, exiliados y «perseguidos».
«Hay 402 presos políticos hoy en Venezuela y muchos de ellos no tienen nada que ver con el mundo de la dirigencia (opositora), algunos están presos simplemente por escribir en Twitter», dijo durante el debate la diputada y presidenta de la Comisión de Interior, Delsa Solórzano.
Mientras que el presidente de la Comisión de Defensa, Édgar Zambrano, indicó que 158 de los 402 «presos políticos» son militares y que ellos también son sometidos a «torturas blancas».
Según indicó, los uniformados son ingresados a un llamado «cuarto de los locos», supuestamente ubicado en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar que, explicó, son «espacios reducidos donde pueden convivir 4, 5, 6 personas» y allí «hacen sus necesidades, comen y duermen».
«Es el quiebre moral psicológico, ético, de quien sufre las consecuencias de esas torturas que allá en la extinta Unión Soviética y en la actual ‘isla de la felicidad’ llaman tortura blanca o tortura blanda», continuó.
Por lo anterior, el Parlamento aprobó también instar a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a «acelerar cuanto antes su visita» a Venezuela «solicitando que la misma se haga en un marco institucional e imparcial».
En ese sentido, piden a Bachelet que atienda «de manera oportuna a todas y cada una de las víctimas de la persecución y violación de los derechos humanos a manos del Gobierno», así como al Parlamento «por todos los casos de violación al derecho de representación, control y legislación que constitucionalmente le corresponden a la institución y que le ha sido arrebatado» por el Supremo.
El Legislativo también agradeció a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Unión Europea, a la Iglesia, a las ONG y al cuerpo diplomático acreditado en el país por la preocupación mostrada por las «graves violaciones de derechos humanos» en Venezuela.
Finalmente, convocó a todos los sectores del país a «organizarse y articular acciones en procura del rescate de la institucionalidad democrática y del hilo constitucional».
