La «Asamblea legítima», cuota de poder a la que se aferran exdiputados
EFE
Un grupo de exdiputados opositores se empeña en mantener con vida una suerte de foro virtual llamado ‘Asamblea Nacional legítima’, en alusión a la institución a la que pertenecieron hasta enero de 2021, cuando el chavismo retomó el control de la Cámara, que este miércoles busca acabar con este reducto de políticos que tienen acceso a recursos del país en el extranjero.
Este grupo, cuyo número de integrantes mantienen en secreto, está liderado por tres venezolanas exiliadas que insisten en preservar la «representación legal de Venezuela en Estados Unidos», donde el Gobierno de Joe Biden reconoce a este foro como «la última institución elegida democráticamente» en el país caribeño.
Esa Asamblea Nacional elegida en 2015, de contundente mayoría antichavista, estaba compuesta por 167 diputados, de los que hoy solo queda el triunvirato que lidera la continuación y unos cuantos más, pues la mayoría dio por terminadas sus funciones cuando el chavismo volvió a controlar el Legislativo.
Pese a no tener ningún poder sobre las instituciones de Venezuela, la existencia de esta especie de Parlamento paralelo está dinamitando la paciencia del Gobierno chavista, que quiere actuar judicialmente contra los implicados, pues -aseguran- son responsables de un «despojo» de riquezas del país en el extranjero.
La exdiputada Dinorah Figuera -exiliada en España-, que preside el grupo antichavista, no respondió a las solicitudes de información por parte de EFE, que en varias ocasiones intentó, aunque sin éxito, conocer los argumentos de quienes lideran este foro o son cercanos a este espacio y que ahora mantienen un hermetismo mediático.
Blanco de críticas
Aunque eventualmente celebran reuniones virtuales o se pronuncian sobre temas de interés nacional, en la práctica «no hay manera de justificar la existencia» de este grupo de exdiputados y la «prórroga de sus funciones», o así lo cree el politólogo Piero Trepiccione, quien dijo a EFE que el mecanismo es extemporáneo.
«No tiene sentido mantener esta figura por los severos cuestionamientos que reciben de la opinión pública y, además, por la poca transparencia con la que se han manejado los recursos, dándole una justificación al Gobierno de Nicolás Maduro para cuestionar su funcionamiento», indicó.
De hecho, esta semana el Parlamento ha comenzado a investigar a partidos políticos de oposición y representantes de la Cámara de 2015, a los que responsabiliza por el «despojo y robo» de Citgo, la filial de la petrolera estatal Pdvsa en Estados Unidos, cuyo control está en manos del grupo antichavista.
El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, que encabeza estas investigaciones, denunció el martes que estas personas han cometido «el robo más grande de la historia de Venezuela», entre otras razones, por supuestamente haber gastado cerca de 70 millones de dólares, del dinero público del país, para su funcionamiento durante 2023.
Citgo, valorada en unos 12.000 millones de dólares, es el más visible de los bienes manejados por los exdiputados, pues se trata de una empresa que tiene tres refinerías en EE.UU., seis oleoductos y cerca de 4.200 estaciones de servicio.
Tras una reciente decisión de la Justicia de EE.UU. -en la que se admite que diez acreedores de Venezuela participen en el reparto de beneficios de la subasta de las acciones de Citgo-, la junta opositora a cargo afirmó, en un comunicado, que «nunca se han transferido fondos de las subsidiarias de Pdvsa en el exterior» a los exdiputados.
Continuidad cuestionada
El pasado 5 de enero, en una reunión virtual, Figuera se juramentó por segundo año consecutivo como presidenta de este grupo, con las exdiputadas Marianela Fernández y Auristela -también exiliadas- como vicepresidentas, tres personas que la Fiscalía venezolana busca encarcelar por supuestamente haber cometido los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación ilícita.
La reelección ha sido blanco de críticas pues el grupo jamás informó si contó con el quorum reglamentario para tal fin o cuántas personas a día de hoy permanecen como miembros activos de este foro.
Además de los cuestionamientos, Trepiccione cree que esta figura no cuenta con validez política o legal para sostener su vigencia y que el apoyo internacional que la sostenía se disipó, pues el Parlamento controlado por el chavismo es reconocido como legítimo casi con unanimidad por la comunidad internacional. EFE
