La actriz porno Stormy Daniels, pide al juez seguir con su caso contra Trump
EFE
La actriz porno Stormy Daniels pidió este lunes a través de su abogado, Michael Avenatti, que la causa contra el presidente Donald Trump y su ex abogado, Michael Cohen, siga su curso, pese a los intentos de ambos de cerrarla.
En un escrito ante el juez federal S. James Otero, del Distrito Central de California, Avenatti pidió que Trump y Cohen no “salgan del caso sin afrontar ninguna consecuencia real o una indagación significativa sobre la verdad”.
Este fin de semana, Cohen primero y Trump después propusieron al magistrado desistir de la demanda dando así la razón a Daniels, en una nueva estrategia para evitar que se les llame a declaración, precisamente lo que pretende Avenatti.
El caso tiene su origen en el pago de 130,000 dólares de Cohen a Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016 a cambio del silencio de la actriz porno sobre un presunto idilio que mantuvo con el ahora presidente una década atrás.
Al filtrarse ese pago a medios estadounidenses a principios de este año, Daniels llevó el caso a los juzgados para invalidar el pacto, alegando que era nulo porque Trump nunca lo firmó e hizo público el idilio.
Cohen, de hecho, se declaró culpable a mediados de agosto de un delito por haber violado las reglas de financiación de campañas políticas por los pagos tanto a Daniels como a la ex modelo de Playboy Karen McDougal, en los que implicó a Trump.
El abogado dijo que actuó bajo las órdenes de Trump, aunque el presidente mantiene que se enteró de los pagos después de las elecciones y ha negado cualquier relación con Daniels.
“Cohen es un delincuente. Y Trump es su cómplice. Suscribieron el acuerdo y pagaron 130,000 dólares para beneficiar la campaña de Trump y esconder información a los votantes durante las elecciones de 2016”, indicó Avenatti en su escrito.
“El interés público de seguir con este caso es evidente. Terminar ahora con el caso después de todas las mentiras, engaños y artimañas expuestas anteriormente sería prematuro y erosionaría la confianza pública en los tribunales”, esgrimió.
