KENIA: Supremo declara inconstitucional el cierre del mayor campo de refugiados del mundo

Tras conocer el fallo de la Corte, el Ejecutivo de Uhuru Kenyatta anunció que la recurrirá y volvió a insistir en que Dadaab «ha perdido su carácter humanitario y se ha convertido en un refugio para el terrorismo y otras actividades ilegales»,

El magistrado del Supremo John Mativo consideró que no hay evidencia de que los refugiados hayan participado en crímenes ni constancia de la presencia de miembros del grupo terrorista somalí Al Shabaab en el campamento.

«El Gobierno violó la ley, su decisión debe ser examinada. Fue una medida drástica (que debería haber sido tomada) dentro de los límites de la ley», añadió Mativo, que insistió en que forzar a los refugiados a volver a Somalia, donde no hay garantías de seguridad, es «un acto de persecución para los refugiados somalís».

El Gobierno de Kenia anunció que cerraría Dadaab, situado en el norte del país y cerca de la frontera somalí, en noviembre de 2016 -luego prorrogó el plan por seis meses-, lo que habría obligado a más de 260.000 refugiados a volver a Somalia, donde los extremistas siguen controlando amplias zonas en el sur y centro del país.

El Ejecutivo defiende que el cierre proyectado se debía a cuestiones de «seguridad nacional» y que los terroristas se mezclan entre los refugiados para planear atentados.

Sin embargo, el juez consideró que el ministro de Interior, Joseph Nkaissery, y su secretario de Estado, Karanja Kibicho, se excedieron en sus competencias al emitir la orden de cierre.

«Es arbitraria, nula y sin valor», aseveró sobre la decisión de las autoridades kenianas.

El fallo del Supremo ha sido celebrado por diferentes organizaciones internacionales que durante meses han denunciado el peligro que supone repatriar a esas personas a un país que todavía está en guerra y bajo la amenaza constante de los yihadistas.

«Detener el cierre inminente del campo de refugiados de Dadaab es un primer paso esencial para el respeto y la protección de los derechos de los refugiados», afirmó el director regional de Amnistía Internacional (AI), Muthoni Wanyeki, que pidió a Kenia que colabore para encontrar «soluciones alternativas».

Según los últimos datos, 40.198 refugiados somalís han regresado a su país desde el 8 de diciembre de 2014, cuando la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) comenzó a apoyar su regreso.

La portavoz de la ACNUR en Kenia, Yvonne Ndege, explicó a Efe que se trata de «un proceso voluntario».

Ndege opinó que la decisión judicial de declarar inconstitucional el cierre de Dadaab será «bienvenida» por la población refugiada.

«Kenia tiene obligaciones internacionales y, quizás, es posible que esta sentencia sea un reflejo de la actitud que Kenia ha tenido a lo largo de la historia acogiendo a refugiados», subrayó.

La ACNUR ha colaborado con las autoridades para llevar a cabo las repatriaciones voluntarias y «continuará ofreciendo protección a los refugiados de Dadaab», añadió.

En los últimos meses, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) o AI han denunciado que el programa de repatriaciones actual no cumple con las normas internacionales y que los refugiados están siendo intimidados para que se marchen, incluso con una donación de 400 dólares que solo recibirían si abandonan Dadaab.

Médicos Sin Fronteras (MSF) también instó hoy al Gobierno keniano a respetar la decisión judicial y sostuvo que «cualquier repatriación de refugiados somalís debe producirse sobre una base voluntaria».

La ONG se opuso desde el primer día al plan del Gobierno, al que había urgido a considerar alternativas como un mayor reasentamiento de los refugiados en países terceros, instalaciones más pequeñas en Kenia o la integración de los somalís en comunidades kenianas.

Para el Consejo de Refugiados Noruego, la necesidad de que el campamento permanezca abierto es «urgente» por la actual situación de sequía y crisis alimentaria en Somalia y las pocas perspectivas de un retorno seguro para los refugiados.

Precisamente ayer, Somalia vivió la elección de su nuevo presidente, Mohamed Abdullahi Farmaajo, bajo toque de queda, con el espacio aéreo cerrado y en medio de extremas medidas de seguridad por la amenaza terrorista. EFE