Keiko Fujimori seguirá siendo investigada por lavado de activos
EFE
El Poder Judicial de Perú resolvió este lunes mantener la acusación por lavado de activos contra la líder opositora Keiko Fujimori por los presuntos aportes ilícitos de su partido, Fuerza Popular, durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016.
En una sesión virtual, el juez Víctor Zúñiga declaró infundado el recurso presentado por la defensa de Fujimori, que solicitó archivar la acusación en su contra por lavado de activos en el caso «Cócteles», por el que la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) afronta un pedido fiscal de más de 30 años de cárcel.
El recurso, presentado durante las audiencias de control de la acusación, previas al inicio del juicio oral, alegaba que los hechos que se atribuyen a la tres veces candidata presidencial y a otros siete implicados no configuran delito de lavado de activos.
En ese sentido, los abogados de la cúpula de Fuerza Popular sustentaron que, hasta la fecha, no se ha acreditado que los aportes de empresas privadas a las campañas electorales de Fujimori fueran de origen ilícito y defendieron que no se trataría de un delito de lavado de activos porque este requiere que antes se haya cometido otro delito que genere una ganancia.
El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, por su parte, rechazó los argumentos de la defensa e insistió en que el fraude sí existió y que dinero ilícito fue entregado al fujimorismo para ser lavado en las campañas electorales.
Tras escuchar las intervenciones de las partes, el juez señaló que los delitos vinculados a la administración fraudulenta de empresas sí pueden ser considerados fuente de lavado de activos y relató hechos imputados por la Fiscalía, entre ellos el aporte de 3,65 millones de dólares entregados por Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú, a la campaña de 2011, reconocidos por el propio presidente de esta institución, Dionisio Romero.
Así, Zúñiga fue desestimando uno por uno los argumentos planteados por la defensa y declaró, finalmente, infundado el pedido que, de haberse aceptado, habría supuesto el archivo de casi todo el proceso contra la líder de Fuerza Popular.
Tras leer la resolución, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, y las defensas de otros imputados anunciaron que presentarán un recurso para apelar la decisión judicial, en el plazo que establece la ley.
Caso cócteles
Por el caso «Cócteles», la líder opositora está siendo investigada como parte de una presunta organización criminal conformada en Fuerza Popular para captar y ocultar fondos supuestamente recibidos de manera irregular para financiar sus campañas de 2011 y 2016.
Entre las aportaciones investigadas está un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, además de los 3,65 millones de dólares de Credicorp.
La acusación fiscal se formuló por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la Justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
En junio pasado, la Corte Suprema peruana rechazó un recurso presentado por la Fiscalía para que se ordenara el regreso a prisión preventiva de Fujimori, quien por este caso ya cumplió un primer periodo de prisión preventiva desde noviembre de 2018, hasta que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó su liberación en noviembre de 2019.
Sin embargo, en enero de 2020 el Poder Judicial dictó otros 15 meses adicionales de prisión preventiva en su contra, que cumplió hasta mayo de ese año, luego de que un tribunal de apelaciones ordenara su excarcelación tras el pago de una fianza de unos 20.500 dólares.
Fujimori abandonó la prisión en el momento más crítico de la pandemia en Perú, después de que denunciara el riesgo de contraer la enfermedad, al igual que las presas que permanecían en esos momentos en la hacinada cárcel de mujeres de Lima.
