Justicia española suspende temporalmente exhumación de Franco
EFE
El Tribunal Supremo español suspendió este martes temporalmente la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, y estudiará el recurso de sus familiares contra la decisión del Gobierno de trasladarlos fuera del Valle de los Caídos, donde fue enterrado cuando murió en 1975.
El Ejecutivo, que dirige el socialista Pedro Sánchez, había decidido en marzo pasado que los restos de Franco serían exhumados y llevados el 10 de junio próximo al cementerio de El Pardo, en las afueras de Madrid, donde está enterrada su esposa, Carmen Polo.
Según informó el Alto Tribunal hoy, se aplican las medidas cautelares solicitadas por los familiares para «evitar el perjuicio irreversible» que, de otra manera, se causaría tanto a los recurrentes como «a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales».
Precisa que esos intereses se verían «gravemente afectados» si, exhumados los restos, «se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan» ahora cuando ya se hubieran depositado en otro sitio.
La sala de TS encargada del caso, que alude a Franco como «Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento» y no como dictador, insiste en que se produciría un «perjuicio irreversible» si la decisión del Gobierno resultase «contraria a Derecho».
Además, señala que no hay impedimento para resolver los recursos «en un plazo razonable», así que «los intereses públicos vinculados a la exhumación (…) no se verán afectados por un tiempo prolongado si es que finalmente debieran prosperar».
El Ejecutivo español, que dirige Pedro Sánchez, asume la decisión judicial de suspender la exhumación, pero está convencido de que finalmente se desestimará el recurso de la familia y el TS permitirá el traslado del dictador, informaron fuentes gubernamentales.
Ahora, el TS tendrá que resolver los recursos presentados por, entre otros, los nietos del general Franco, sus parientes vivos más cercanos, contra los planes del Ejecutivo de trasladarlo fuera de ese complejo monumental, mandado construir por el mismo dictador y que actualmente depende de la entidad estatal Patrimonio Nacional.
También pidieron medidas cautelares de suspensión la comunidad de la abadía benedictina del Valle, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos la Fundación Francisco Franco, que celebró el «varapalo judicial» que, a su juicio, sufre el Gobierno con la decisión del Supremo.
El Gobierno, basado en una reforma de la ley de memoria histórica, decidió en febrero pasado la exhumación de Franco (1892-1975) y posteriormente, en marzo, su traslado al cementerio de El Pardo.
Entre otros argumentos aducidos por el Ejecutivo, no puede haber ningún mausoleo en un sistema democrático para un dictador, en alusión al Valle de los Caídos. Ha pasado casi un año desde que Sánchez anunciara por vez primera la intención de llevarlo fuera de allí.
Los nietos del dictador, siempre opuestos a que Franco salga de aquel lugar, habían planteado que su abuelo fuera enterrado en la cripta de la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, en el caso de que la exhumación fuera inevitable.
Pero el Gobierno lo rechazó para evitar cualquier tipo de homenaje y exaltación del dictador y su régimen en ese templo o sus alrededores.
Franco y varios generales más se sublevaron contra el Gobierno de la II República el 18 de julio de 1936 y consiguieron la victoria después de casi tres años de guerra civil, tras lo que comenzó la dictadura militar.
Al morir, fue enterrado en la basílica del Valle de los Caídos, a 50 kilómetros de Madrid, inaugurado el 1 de abril de 1959 y construido para honrar la memoria de las víctimas del bando vencedor. Su sepultura está en un lugar preeminente, a los pies del altar mayor.
Sin embargo, también fueron trasladados al lugar miles de muertos que pertenecían al bando republicano, perdedores de la contienda.
El portal web de memoria histórica del Gobierno indica que yacen allí los restos registrados de 33.833 personas (12.410 de ellas, desconocidas), depositados en columbarios individuales y colectivos después de ser trasladados desde «fosas y cementerios» de casi todas las provincias de España entre 1959 y 1983, ya en plena democracia.
Una treintena de familias han dado lentamente pasos para recuperar los cuerpos de sus parientes allí enterrados y hay trece expedientes aprobados, aunque el proceso se augura largo y complejo.
