+VIDEO| Justicia española retira órdenes de detención contra Puigdemont y exconsejeros
Agencias
El juez del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena, acordó este martes retirar las órdenes europeas de detención dictadas contra Carles Puigdemont, Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí y que se comunique su decisión a las autoridades belgas para que dejen sin efecto la colaboración solicitada en su día y solicitándoles la devolución del formulario.
Llarena considera que se deben retirar las órdenes europeas porque está investigando un delito de «naturaleza plurisubjetiva» dotado de unidad jurídica inseparable, lo que requiere una única contestación para evitar respuestas contradictorias. Los cinco imputados se enfrentan a los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia
El juez recuerda que la orden europea de detención es un instrumento de colaboración judicial y que una vez emitida, el juez instructor puede ponderar en cualquier momento la conveniencia u oportunidad de su mantenimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que le prestan soporte conforme con su derecho interno y los efectos que esa orden de detención pueda tener en el proceso penal que se esté tramitando, en este caso en España.
Nuevo escenario
Llarena explica que los autos de busca y captura e ingreso en prisión y las oportunas órdenes europeas de detención y entrega se emitieron el 3 de noviembre de 2017.
El juez describe el nuevo escenario que se presenta en este momento. Por un lado, con posterioridad a la emisión de las órdenes, «los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente», señala Llarena.
Por otro lado, apunta que, una vez acumulada la causa, los hechos investigados suscitan la eventual comisión de un delito de naturaleza plurisubjetiva: «Con posterioridad a que se emitieran las órdenes de detención que contemplamos, se ha definido que los hechos pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable, esto es, que la depuración de las distintas responsabilidades penales deba ser llevada de manera unificada, pues de otro modo podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes«.