Justicia española pide 22 años de cárcel para responsables de violación colectiva
El Mundo
El Ministerio Fiscal de España solicitó un total de 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los cinco acusados por la presunta violación grupal ocurrida los pasados Sanfermines, según recoge en su escrito de calificación. En concreto, el fiscal pide 18 años de prisión para cada uno de los procesados por un delito continuado de agresión sexual; dos años y 10 meses de cárcel por un delito contra la intimidad y dos años de prisión por un delito de robo con intimidación. Además, reclama para los acusados, como responsables civiles directos, una indemnización de 100.000 euros para la víctima por «el daño moral ocasionado».
Los cinco, que permanecen en prisión provisional sin fianza desde que sucedieron los hechos, mantenían un grupo de Whatsapp donde se hacían llamar La Manada, en el que comentaban sus andanzas. La fiscal ha resaltado, además, que cuando sucedieron los hechos los acusados agarraron de los brazos a la víctima, la introdujeron en un portal y le taparon la boca, le dijeron que «se callara y no gritara» y la dejaron en una situación en la que fue «imposible que ejerciera la mínima resistencia». A continuación, le obligaron a realizar distintos actos sexuales y le robaron el móvil para que no pidiera ayuda.
Los vídeos fueron difundidos en el chat de Whatsapp de La Manada, con frases como «follándonos a una entre cinco» y «puta pasada de viaje». La sucesión de hechos ocurrió el 7 de julio y, ese mismo día, los cinco procesados, de origen sevillano, fueron encarcelados, a la luz de «unos hechos de extrema gravedad, ejecutados en grupo y de manera reiterada, con múltiples penetraciones», dijo entonces el magistrado. En el auto de procesamiento, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona recogía que «los procesados incluso se animaban y jaleaban entre sí», esperando y reclamando el turno.
A la chica la encontraron «en estado de shock, llorando y desconsolada, estuvo así media hora larga», según matizó su abogado, Carlos Bacaicoa, a este periódico el pasado verano. A las diligencias acudieron los municipales que tomaron la declaración a la joven la madrugada del 6 al 7 de julio, que fueron quienes la acompañaron al hospital. También prestó declaración entonces la pareja que se encontró a la mujer sentada en un banco, llorando, así como la persona que encontró el móvil de la víctima y un testigo de parte de uno de los cinco acusados.
