Justicia española persiste en denunciar el referéndum secesionista catalán

La Fiscalía catalana se querelló hoy contra los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, designados por el Parlamento regional para ejercer como Junta Electoral en el referéndum que el Gobierno de esa región española pretende celebrar el 1 de octubre.

Se les acusa de desobediencia y usurpación de funciones y malversación por desoír la orden de suspensión del referéndum acordada por el Constitucional.

Ajeno al cerco judicial, el presidente del Gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, participó hoy, junto al vicepresidente de su Ejecutivo, Oriol Junqueras, en un acto a favor del referéndum, que los independentistas califican como el primero de la campaña electoral, desoyendo al Tribunal Constitucional (TC).

En aplicación de las órdenes del TC, el Ministerio Público también denunció hoy a los presidentes de dos asociaciones de municipios comprometidas en promover y organizar la consulta ilegal, pese a su suspensión.

Los alcaldes están en el punto de mira en estos días previos al referéndum después de que el Gobierno regional catalán les pidiera que cedieran locales para la votación, lo que les pone en la disyuntiva de aceptar la petición u obedecer al Constitucional.

Hoy mismo, la alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau, aseguró que el 1 de octubre en esa ciudad «se podrá participar» y que se podrá hacer «sin poner en riesgo institución ni servidores públicos», después de llegar a un acuerdo con el Gobierno catalán para facilitar la participación, aunque no ha precisado los términos.

Pero además de la Fiscalía, el Estado está desplegando otros resortes de poder y este jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó a la Guardia Civil deshabilitar la web del referéndum que tiene el Ejecutivo catalán e identificar qué medios de comunicación con sede en Cataluña han insertado publicidad institucional sobre la consulta.

Es la segunda página que se abría después de que la Guardia Civil cerrara la primera, y contaba con el apoyo del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien aseguró en su cuenta de Twitter que ayudaba «a proteger» dicha página.

También la Policía española quiere reforzar su presencia en Cataluña con vistas al referéndum del 1 de octubre y está pidiendo agentes voluntarios.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, advirtió de que actuará con «firmeza» ante cada paso que dé el Ejecutivo regional catalán hacia el 1 de octubre. «Toda medida que se tome para responder a un delito será proporcionada», dijo.

Millo evitó concretar si se tomarán medidas para impedir los actos que preparan las fuerzas independentistas de cara a la campaña para un referéndum, que en principio empezaría esta medianoche, aunque sí subrayó que «el Gobierno actuará con serenidad ante toda acción encaminada a cometer un delito».

En medio de la tensión entre el Gobierno regional y el Estado central, el vicepresidente de ese Ejecutivo autonómico, Oriol Junqueras, se negó hoy a enviar al Ministerio de Hacienda los gastos semanales porque lo considera «un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia».

Como respuesta, el Gobierno español aprobará mañana nuevas medidas para garantizar que el dinero público de los catalanes no se destine a la celebración del referéndum que pretenden los independentistas.

En julio pasado, el Ejecutivo español impuso al catalán la obligación de enviar estos informes semanales para que certificara por escrito que no destina partidas presupuestarias» al referéndum.

Una vez aprobadas esas medidas, está previsto que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se desplace a Barcelona presidir una reunión de la Junta Directiva de su partido, el PP (centroderecha), de Cataluña.

Fuentes del Ejecutivo y del PP dijeron que Rajoy reiterará que los independentistas catalanes pretenden una ilegalidad, al tiempo que garantizará que hará todo lo necesario para evitarla y para hacer que se cumpla la ley y la Constitución. EFE