Justicia de Paz colombiana imputa a otros 25 militares por «falsos positivos»
EFE
El tribunal que juzga los peores crímenes del conflicto colombiano anunció este jueves que 25 militares, 15 más de los imputados inicialmente, deberán responder por las ejecuciones de 247 civiles que presentaron como caídos en combate entre 2002 y 2008.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investiga el mayor escándalo que envuelve al ejército colombiano, conocido como el de los ‘falsos positivos’.
La primera imputación fue revelada el 6 de julio y comprometió a diez militares que habrían matado a 120 civiles en la zona de la frontera con Venezuela entre 2007 y 2008.
Este jueves la JEP acusó a 15 uniformados más por el asesinato de 127 personas en el norte del país, entre el 2002 y el 2005.
Este tribunal surgido del acuerdo de paz firmado en 2016 con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) les imputó «crímenes de guerra y de lesa humanidad» y «los delitos de homicidio» y «desaparición forzada», según un comunicado.
Para la JEP «los 15 imputados hicieron parte de una organización criminal que se conformó dentro de la unidad militar y a través de la cual se desplegó una conducta extendida, y a gran escala, para presentar resultados operacionales ficticios».
Entre los imputados se encuentran los comandantes de la época en la costa Caribe, los tenientes coroneles Publio Hernán Mejía (2002-2003) y Juan Carlos Figueroa (2004- 2005).
Los imputados tendrán 30 días para reconocer o no su participación en los hechos. Quienes confiesen su responsabilidad y reparen a las víctimas podrán recibir una pena alternativa a la prisión.
Las víctimas eran escogidas por su «condición de vulnerabilidad» y «marginalidad». Los perpetradores «presumían que la sociedad no reclamaría por su muerte», así que las engañaban «mediante promesas de presuntos trabajos legales o ilegales, para captarlas y asesinarlas», se indicó.
La JEP sostiene que al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate entre 2002 y 2008.
Según el tribunal, «estas acciones se dieron en el marco de una alianza entre algunos miembros del Ejército y los paramilitares» de ultraderecha, responsables de atroces violaciones de derechos humanos en su guerra clandestina contra las guerrillas izquierdistas, y «el objetivo era obtener resultados a toda costa» en esa lucha.
Aunque el alto mando castrense siempre ha negado que fuera una acción sistemática, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, denunció una política «reiterada» que «no corresponde simplemente a manzanas podridas».
En enero la JEP imputó a ocho altos mandos de las antiguas FARC por crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1990 y 2016, cuando secuestraron a 21.396 personas.
Ataques contra indígenas
Los tenientes coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa Suárez, así como el resto de implicados, fueron declarados máximos responsables e imputados por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas y el crimen de guerra de homicidio.
«La sala determinó que existió un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en relación con estos hechos», aseguró el magistrado Parra, quien añadió que en este contexto de la región caribe demostraron que «los pueblos indígenas wiwa y kankuamo sufrieron particularmente un daño grave, diferenciado y desproporcionado por las acciones de esta unidad militar».
De esta forma, estos 15 presuntos responsables «hicieron parte de una organización criminal que se conformó en la unidad militar y a través de la cual se desplegó una conducta extendida y a gran escala para presentar resultados operacionales ficticios en los que se presentaron como bajas en combate a personas asesinadas en estado de indefensión por miembros del Ejército o paramilitares» de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
De todos los asesinatos, 75 ocurrieron bajo el mando de Mejía, quien ya fue condenado por la Justicia ordinaria en 2013 por nexos con el paramilitarismo justamente por casos relacionados con los «falsos positivos», y 52 bajo el de Figueroa Suárez, que no ha comparecido a las citaciones de la JEP.
Además, 58 de estos crímenes fueron investigados en la Justicia ordinaria y 13 por la militar, y estaban vinculados alrededor de 280 integrantes del Ejército, pero solo hubo 14 condenas sobre 5 de estos hechos y solo 7 fueron ejecutadas.
El segundo auto
El pasado 6 de julio, esta instancia transicional surgida del acuerdo de paz con las FARC decidió imputar a once militares y un civil por su «participación determinante en el asesinato de al menos 120 personas en estado de indefensión» en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, crímenes perpetrados entre enero de 2007 y agosto de 2008, además de otras 24 desapariciones forzadas.
Entre los once imputados se encuentra el brigadier general Paulino Coronado Gámez, que fue el comandante de la Brigada 30, y dos coroneles, Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, quienes fueron comandantes de la Brigada Móvil No. 15.
Este segundo auto -de al menos seis- se enmarca en el caso 03 de los «falsos positivos» y renombrado como «Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado», donde hay acreditadas a la fecha 1.043 víctimas, de las cuales 658 son mujeres, en lo que fue uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano y que involucra a unos 1.500 militares.
El pasado febrero, la JEP elevó a 6.402 las personas que «fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008», que corresponde con el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
La JEP no impone penas privativas de la libertad si hay reconocimiento de la autoría de crímenes, pero en caso contrario los responsables pueden ser condenados hasta a 20 años de cárcel.
En caso de que los acusados reconozcan su responsabilidad y aporten verdad se impondrán sanciones especiales como limitaciones a la libertad de residencia y de movimiento, la realización de trabajos para reparar a las víctimas y la sociedad, por ejemplo la construcción de escuelas o vías, o la participación en programas de promoción medioambiental.
Con información de EFE y AFP.
