Justicia de Nicaragua niega a CIDH presenciar juicio contra afrodescendientes
Fuente: EFE
El Poder Judicial de Nicaragua negó este lunes el acceso al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al juicio contra dos afrodescendientes, acusados de matar a un periodista en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano.
El Poder Judicial cerró las puertas al GIEI, que forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a pesar del compromiso del Gobierno de Nicaragua a facilitar el trabajo de los expertos, para coadyuvar a que se haga justicia en los casos de violencia, cuestionó el grupo.
«No podemos cumplir con nuestra función, una función que fue aceptada por las tres partes (del diálogo nacional: Gobierno, sociedad civil y el Episcopado como mediador), en la cual el Gobierno aceptó el trabajo de nosotros en este país», dijo el experto en derechos humanos de la ONU, Amerigo Incalcaterra, a periodistas.
El GIEI, está compuesto por los expertos Incalcaterra (Italia), la exvicepresidenta de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, Sofía Macher, el especialista argentino Pablo Parenti, y la exprocuradora general de Guatemala, Claudia Paz y Paz.
Los expertos intentaban presenciar lo que en Nicaragua es visto como un «proceso injusto» contra los jóvenes afrodescendientes Brandon Lovo y Glen Slate, por el asesinato del periodista Ángel Gahona en Bluefiels, en la costa Caribe de Nicaragua.
La negativa se da 11 días después de que el GIEI pidió al Gobierno de Nicaragua acceso «a la brevedad» y «sin condiciones» a la información que requiere y que ha sido «solicitada oportunamente», pues hasta ahora las autoridades no han facilitado su trabajo.
«Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, hemos pedido (ingreso formal) y esa solicitud tiene que ser gestionada por las autoridades, esperamos simplemente que haya una mala comunicación y no hay llegado, tal vez no funcionan los teléfonos, o los fax, o internet», matizó Incalcaterra.
Lovo y Slate fueron acusados por el Ministerio Público, mientras que testigos del crimen, vecinos y familiares de la víctima han insistido en que el responsable fue un policía que se encontraba dentro de la alcaldía municipal, respaldados por al menos dos vídeos.
La CIDH ya ha advertido que Nicaragua vive una «tercera fase» de la represión gubernamental, «más ruda, más explícita y burocrática», que es la «criminalización de manifestantes», luego de la primera que consistió en agresiones a protestas callejeras, y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con saldos mortales.
Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado entre 322 y 448 muertos, la más fuerte desde la década de 1980, también con Ortega como presidente, cuyo Gobierno cifra en 198 los fallecidos.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas reformas a la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
