Justicia chilena revoca prisión a expolicía que dejó ciega a manifestante
EFE
La Justicia chilena revocó este viernes la medida cautelar de prisión preventiva decretada hace dos días en contra del exagente que dejó ciega a Fabiola Campillai, una de las víctimas más emblemáticas de los abusos policiales durante las protestas de 2019.
Imputado por «apremios ilegítimos con lesiones graves, gravísimas», el excapitán de Carabineros Patricio Maturana deberá volver al arresto domiciliario total y arraigo nacional, según dictaminó la Corte de Apelaciones de Santiago.
«No hay elementos objetivos que permitan intensificar la medida cautelar impuesta al imputado como lo ha solicitado el Ministerio Público, toda vez que las alegaciones que se han ventilado en esta audiencia tienen relación con el fondo del asunto, lo que deberá ser discutido en la audiencia de juicio respectivo y no en esta oportunidad», señaló el tribunal de alzada.
La resolución de la corte deja sin efecto la decisión que el pasado miércoles decretó el Juzgado de Garantía de San Bernardo, donde tras conocerse nuevos antecedentes aportados por el Ministerio Público se ordenó la cautelar de prisión preventiva por considerar al imputado «un peligro para la sociedad».
Maturana es sindicado como el oficial que disparó un bote de gas lacrimógeno directo al rostro de Fabiola Campillai, una mujer de 36 años que al momento de los hechos, acaecidos en octubre de 2019, se encontraba esperando un autobús de camino al trabajo.
El impacto del proyectil tuvo consecuencias devastadoras para la mujer: no solo perdió totalmente la visión, sino también el gusto y el olfato, y según el Servicio Médico Legal (SML) sus lesiones pudieron ser «mortales» de no mediar socorros médicos oportunos.
La agresión sufrida por Campillai tuvo lugar en el marco de la mayor crisis social y política que ha vivido el país suramericano desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con manifestaciones contra la desigualdad que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.
Los casos de Campillao y Gustavo Gatica, otro joven que perdió la vista tras ser agredido por Carabineros, dieron la vuelta al mundo y visibilizaron la epidemia de mutilados oculares provocados por la violencia policial durante las marchas.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el saldo fue de 460 víctimas de trauma ocular derivadas de las protestas.
Campillai, desde entonces, ha protagonizado una férrea campaña contra la impunidad para que su supuesto agresor vaya a prisión, situación secundada por Amnistía Internacional (AI) que pidió mayor celeridad en la investigación de su caso.
Durante la ola de protestas que sacudió al país en octubre de 2019 se produjeron múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, hechos denunciados por organismos internacionales como AI, Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDCH).
De igual manera, el estallido contó con graves episodios de violencia que incluyeron saqueos e incendios a propiedad pública y privada.
