Justicia chilena condena a dos excarabineros por ejecuciones en dictadura
EFE
La Justicia chilena confirmó las condenas a dos excarabineros como responsables del homicidio de un exdiputado y un dirigente campesino el 2 de diciembre de 1973 cerca de la sureña ciudad de Puerto Montt, según informó este miércoles el Poder Judicial.
La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó para el exteniente René Villarroel 15 años y un día de cárcel, y para el excabo Carlos Tapia 10 años de presidio y a ambos se les condenó además a la inhabilitación absoluta perpetúa para cargos y oficio públicos.
Ambos sentenciados están sindicados como autores de la ejecución del entonces diputado Luis Espinoza y el dirigente campesino Abraham Olivas, cuyos cadáveres fueron depositados en la morgue de la ciudad de Frutillar, casi 1.000 kilómetros al sur de Santiago.
Según la versión oficial de los hechos ofrecida entonces por parte de los responsables regionales de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la noche de los hechos un vehículo militar fue atacado con armas durante un traslado de presos hacia la cárcel de Valdivia, momento en el que Espinoza trató de escapar.
Los agentes del Estado dispararon contra él y contra Oliva, quien fue considerado como uno de los miembros del ataque armado al convoy militar.
Años después se demostró que lo que ocurrió fue una ejecución que constituye un crimen de lesa humanidad por disparar a hombres desarmados y vigilados por militares.
La sentencia contra ambos condenados había sido dictada el pasado 25 de enero, pero los dos implicados habían pedido una apelación que no fue hoy tomada en cuenta, por lo que la condena es firme.
El hijo de Espinoza, el actual diputado socialista Fidel Espinoza, consideró la decisión de la corte respecto a los asesinos de su progenitor.
«El fallo es categórico en sostener la responsabilidad de René Villarroel, teniente de Carabineros de la época, quien además tiene otras cuatro causa todavía en investigación (…), y también del cabo de Carabineros Carlos Tapias», afirmó el diputado a la prensa.
Además, confirmó que se han puesto en contacto con su abogada para que pida de manera inmediata la prisión efectiva porque «hay un riesgo inminente de que puedan fugarse del país al recibir una condena alta, ya que superan (los condenados) los 70 años de edad».
«En Chile los criminales de derechos humanos no tienen cabida. Podrá pasar medio siglo pero la responsabilidad penal de los actos viles que cometieron siempre en este país se van a poder perseguir y eso es bueno para nuestra democracia», afirmó Espinoza.
En el aspecto civil, el tribunal condenó al fisco a pagar una indemnización total de 565 millones de pesos (unos 777.000 dólares) a los familiares de las víctimas.
Durante el régimen militar, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas.
