Juez dicta prisión a rectores del Poder Electoral en Bolivia | 800Noticias
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EFE

 

La expresidenta y exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, María Eugenia Choque y Antonio Costas Sitic, respectivamente, además del exvocal Edgar Gonzales deberán guardar reclusión dispuesta este martes por un juez por las denuncias de fraude en las elecciones generales.

El fiscal Ronald Chávez declaró que las exautoridades guardarán reclusión “por seis meses” en distintas cárceles del país, mientras dure el proceso investigativo.

La decisión de la justicia responde a la “fundamentación” que hizo la Fiscalía con base en el informe de auditoría que realizó la Organización de Estados Americanos (OEA) y que determinó que “han habido irregularidades” en el proceso electoral, señaló.

El fiscal Chávez precisó que para respaldar su posición, la acusación de la Fiscalía se basó también en los testimonios de dos testigos considerados “primordiales” que refirieron las anomalías durante en el sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) así como del proceso electoral en general.

Los exvocales electorales fueron acusados por delitos electorales como falsificación de documentos, uso de instrumento falsificado, manipulación informática, además de incumplimiento de deberes, falsedad material e ideológica, entre otros.

Ahora, la Fiscalía analizará la situación de la exvocal Lucy Cruz Villca que se presentó voluntariamente a declarar y que deberá someterse a una audiencia de medidas cautelares este miércoles, mientras se busca a los exvocales Lidia Iriarte Torrez e Idelfonso Mamani Romero, sobre los que hay órdenes de aprehensión.

Todavía quedan pendientes algunos actos de investigación como allanamientos y algunas aprehensiones, mencionó el fiscal sin dar más detalles al respecto.

La OEA difundió el domingo un informe advirtiendo de graves irregularidades en las elecciones del 20 de octubre tras las que Evo Morales fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo hasta 2025.

El organismo también recomendó que la justicia de Bolivia establezca responsabilidades sobre los posibles responsables de esas anomalías.

Aquella misma jornada la Fiscalía General de Bolivia libró órdenes de aprehensión contra todos los vocales nacionales y departamentales del organismo electoral boliviano.

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