Juez asegura que no hay retroceso democrático en Brasil
EFe
El juez Sergio Moro, responsable del caso Lava Jato, el mayor proceso contra la corrupción en Brasil, no considera que haya «riesgo de retroceso democrático» en su país por hechos de esta envergadura, que -dijo- pueden resolver las instituciones.
«A pesar de la turbulencia, lo que existe en un proceso de madurez institucional. Las instituciones brasileñas son sólidas y no hay riesgo de un retroceso democrático», consideró Moro en una entrevista publicada hoy en el semanario portugués Expresso.
El juez, que ha visitado Portugal para participar en las Conferencias de Estoril, destacó que la sociedad brasileña «ansía que sus gobernantes sean, cada vez más, íntegros», si bien, reconoció que «se genera ansiedad» porque la investigación Lava Jato «trajo turbulencia política».
«Nada que no sea resuelto a través de las instituciones», apostilló.
La llamada Operación Lava Jato destapó una enorme y compleja red de corrupción que desviaba recursos de Petrobras, la mayor empresa del país y que premiaba con jugosos contratos a las constructoras que aceptaban pagar sobornos a los altos funcionarios de la petrolera y a decenas de políticos.
La investigación, que cumplió el pasado marzo tres años, suma por el momento 125 condenados y salpica a más de una decena de países de América Latina por operaciones fraudulentas.
Frente a esas cifras, Moro apunta a que «no hay salida honrada que no sea ir hacia adelante y profundizar la investigación», que no sabe cuándo acabará por las nuevas pruebas que van surgiendo.
«La cuestión política se va a ir resolviendo. El objetivo no es eliminar la corrupción, un comportamiento desviado que estará siempre, sino que lo importante es reducirla, y sobre todo eliminar la corrupción sistemática como práctica habitual de los negocios públicos», subrayó.
El juez destacó el papel de la opinión pública, un «importante» apoyo que «funciona como un escudo contra la obstrucción a la justicia en procesos que envuelven a personas poderosas».
En este sentido, defendió la autorización que dio para divulgar las escuchas hechas al teléfono del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, unos diálogos que «no eran privados, sino de interés público».
«En casos que involucren crímenes contra la administración pública, entiendo -y no soy el único- que se exige libertad de información y que se dé a estos procesos gran visibilidad y publicidad, para que las personas puedan evaluar no solo lo que hacen sus gobernantes, sino lo que hace la justicia»,
