Jesuitas llaman a gobiernos a proteger a migrantes venezolanos
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Organizaciones de la Compañía de Jesús y la Red Clamor llamaron a los países con migrantes y refugiados venezolanos a cumplir con la protección a estas personas.
«Llamamos a los Estados a ratificar sus compromisos de protección de derechos humanos de las personas refugiadas y forzadas a migrar. Igualmente, pedimos enfocar sus acciones en respuestas que permitan la regularización, integración y el acceso a derechos humanos en los países receptores de manera que las personas puedan contribuir en y con las comunidades de acogida desde el desarrollo de sus proyectos de vida», dijeron este 15 de marzo en un comunicado.
El pronunciamiento se produce a propósito de la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, que realizarán el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Unión Europea y el Gobierno de Canadá en Bruselas.
A estos países pidieron que se atienda también la situación de emergencia humanitaria compleja venezolana, al ser la responsable de que más de 7 millones de venezolanas y venezolanos salieran del país en los últimos años, mayormente a países de América Latina, y en menor grado a Estados Unidos y Europa.
«Insistimos en la solidaridad, la acogida, la hospitalidad y la reconciliación como principios que permiten reconocer y potencializar los aspectos positivos de la migración, y para contrarrestar la discriminación y la xenofobia», expresaron.
Qué dijeron sobre la emergencia humanitaria en Venezuela
En el texto recordaron que en Venezuela 19,7 millones de personas necesitan de asistencia humanitaria, pero en 2022 la atención llegó apenas a 5,2 millones de nacionales venezolanos.
Pusieron el foco en la migración hacia Estados Unidos, a través de la peligrosa selva del Darién, durante el año pasado. Según cifras de Panamá, 150.327 personas de nacionalidad venezolana hicieron ese viaje al país del norte.
Incrementar la respuesta en Venezuela, especialmente para personas desplazadas internas,
retornadas, población indígenas y víctimas de trata de personas.
Ante esto pidieron:
- Incrementar la respuesta en Venezuela, especialmente para personas desplazadas internas,
retornadas, población indígenas y víctimas de trata de personas.
- Reconocer y minimizar los riesgos durante el tránsito asociados a la vulneración de sus derechos
humanos, a la presencia de crimen organizado y a la falta de asistencia humanitaria, facilitando la
constitución de corredores humanitarios que salven vidas. - Promover acciones de acogida en las comunidades y lugares de tránsito y destino en condiciones dignas y en garantía de los derechos humanos.
- Incorporar en las respuestas la perspectiva de género para prevenir y erradicar las diversas
discriminaciones y violencias específicas a las que se enfrentan las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, en las distintas fases del proceso migratorio.
En contra de militarización de fronteras
Las organizaciones de la Compañía de Jesús mostraron su preocupación por decisiones de gobiernos que ante el incremento de los flujos migratorios optan por militarizar sus fronteras como respuesta a la contención de la llegada de personas migrantes.
«»Las políticas migratorias y el requerimiento de visados establecen condiciones muy difíciles de cumplir que conllevan a la irregularidad migratoria», dijeron sobre estas barreras que imponen a la migración venezolana para impedirle llegar a naciones receptoras.
Pidieron que se respeta la Declaración de Cartagena, el Pacto Internacional de Migración y se estudien iniciativas como la colombiana con el Estatuto de Protección Temporal de 10 años para la población venezolana.
Qué pidieron las organizaciones jesuitas
Estas fueron sus recomendaciones:
Fortalecer los sistemas de protección internacional para su plena aplicación con garantía del debido proceso, incluyendo el respeto de la definición ampliada de la Declaración de Cartagena, adoptada por gran parte de los países receptores.
- Fortalecer los sistemas de protección internacional para su plena aplicación con garantía del debido proceso, incluyendo el respeto de la definición ampliada de la Declaración de Cartagena, adoptada por gran parte de los países receptores.
- Ampliar las vías regulares en consonancia con el Pacto Mundial de Migración, que consideren la realidad de la población venezolana, estableciendo requisitos que puedan ser cumplidos ante las dificultades que tienen las personas de contar con documentos de identidad y apostillas por falta de acceso a servicios consulares.
- Adecuar los marcos normativos y promover procesos de regularización amplios en su temporalidad, asequibles, flexibles, que faciliten la integración y el aporte de las personas migrantes en los países y sociedades receptoras.
- Considerar los programas de reasentamiento como una oportunidad para la regularización.
- Desarrollar y fortalecer políticas públicas que garanticen la protección social a través del acceso y la cobertura de derechos como salud, educación y trabajo, independientemente de la situación migratoria.
- Abstenerse de promover políticas que suspendan la garantía y protección de derechos humanos, incluso durante estados de excepción.
- Intercambiar lecciones aprendidas de experiencias estatales como la Operación Acogida y el proceso de interiorización del gobierno brasilero, la regularización por diez años bajo el Estatuto Temporal en Colombia, entre otras.
También solicitaron coordinación integral entre los países y gobiernos, mejores respuestas y cumplir metas que se plantea la conferencia, pero también condicionar a los estados al respeto y protección de derechos humanos de la población migrante.
El documento lo firman Alboan, Canadian Jesuits International, Entreculturas, Federación Internacional Fe y Alegría, Global Ignatian Advocacy Network (GIAN) of Migration, Jesuit Refugee Service, Magis Americas, Red CLAMOR y Red Jesuita con Migrantes.
Con información de Efecto Cocuyo.
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