Jefes de FARC comparecen por secuestros en primer caso de Justicia para Paz
EFE
Líderes de las FARC, entre ellos su máximo jefe, Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como «Timochenko», comparecieron hoy ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con la intención de responder sobre los secuestros cometidos entre 1993 y 2002 en el primer caso que abre este tribunal.
«Queda abierta la etapa de verdad, reconocimiento y responsabilidad», sentenció la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas (SRVR), Julieta Lemaitre, ante la cual comparecieron los exguerrilleros.
Esta diligencia fue la apertura formal del proceso judicial para investigar los hechos del conflicto armado en Colombia y hacer responder por ellos a sus responsables.
«Mi nombre es Rodrigo Londoño Echeverri. Estoy aquí a su disposición con una profunda emoción de ver cómo se cristaliza el sueño que tejimos en La Habana», fueron las palabras de «Timochenko» en su primera comparecencia ante la JEP.
La JEP es la institución de justicia creada especialmente para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto y una de las columnas vertebrales del acuerdo de paz que la guerrilla firmó con el Gobierno colombiano en noviembre de 2016.
«Ver a esos miembros antiguos del Secretariado de las FARC respondiendo ante la justicia transicional es un paso importantísimo. Ahí estamos sentando precedentes ante el mundo entero», aseguró al respecto el presidente Juan Manuel Santos desde un acto público en la isla de San Andrés.
El proceso que inició hoy, el «Caso 001», busca investigar los secuestros realizados por las FARC entre 1993 y 2002 con base en varios informes presentados por la Fiscalía colombiana y datos de la Fundación País Libre, además de completarlo con dos estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
Con este propósito, la JEP citó a 32 antiguos miembros del Secretariado y el Estado Mayor de las FARC, entre los cuales figuran algunas de las principales caras visibles de la organización, además de Londoño, como Iván Márquez, Pastor Alape, Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada.
También se citó a Jesús Santrich, quien se encuentra preso en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, y que compareció a través de una videoconferencia a pesar de que él requirió atender la diligencia personalmente.
El exjefe guerrillero, cuyo verdadero nombre es Seuxis Hernández Solarte, fue capturado por la Fiscalía el pasado 9 de abril con base en una circular roja de la Interpol a petición de Estados Unidos, cuya Justicia lo acusa de tener un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína a ese país después de la firma del acuerdo de paz.
Londoño, Lozada y Catatumbo, además de Santrich por medio de la videoconferencia, fueron los únicos que asistieron a la diligencia, ya que el resto de convocados lo hicieron a través de representantes legales.
Santrich denunció en su intervención no poder «atender personalmente a esta importante diligencia» por «obstrucción de la Fiscalía», y reiteró estar «dispuesto siempre a contribuir con el esclarecimiento de la verdad».
Londoño subrayó este compromiso al leer un comunicado del Consejo Político del movimiento FARC cuando terminó la audiencia, donde expresó que su «interés por colaborar con la JEP, por comparecer ante ella, por responder con verdad plena no puede ser puesto en duda».
El nuevo partido político solicitó a la Sala de Verdad realizar la diligencia de manera reservada para preservar la «presunción de inocencia» y evitar un «circo mediático», según Londoño, algo que la JEP no aceptó aunque tomó medidas especiales para garantizar la seguridad de los exlíderes guerrilleros.
Este también pidió «perdón» a las víctimas de secuestro y expresó su voluntad de «asumir les responsabilidades» que les correspondan.
La diligencia de hoy sirvió para entregar a los comparecientes los informes sobre los secuestros, identificar a los representantes legales de los excombatientes y abrir un plazo para recabar más información sobre estos sucesos.
El plazo se extenderá lo suficiente para que organizaciones civiles y de víctimas presenten sus propios informes y los comparecientes preparen sus versiones sobre los hechos, aunque la legislación de la JEP prevé que el tiempo máximo sea de dos años.
En una rueda de prensa tras el encuentro, Lemaitre recalcó que los 32 exguerrilleros citados «manifestaron su voluntad de hacer parte del proceso» y calificó la diligencia como «exitosa».
Por su parte, la presidenta encargada de la JEP, Xiomara Balanta, concluyó que «el inicio de esta etapa constituye un acontecimiento histórico para el país cristalizando la posibilidad de las víctimas de poder obtener verdad plena de lo ocurrido en el conflicto armado».
