Isabel II podría haber cambiado la ley para ocultar su fortuna
Agencias
La verdadera cuantía de la fortuna de Isabel II es un misterio que muchos han tratado de desentrañar a lo largo de los años, tarea casi imposible a raíz de las últimas informaciones publicadas por The Guardian. Según cuenta el diario británico, la Reina de Inglaterra presionó al gobierno de Edward Heath en 1973 para que cambiara un proyecto de ley con el objetivo de ocultar su fortuna privada a los ciudadanos de Reino Unido.
El medio desvela que un abogado privado de Isabel II presionó a los ministros para que modificaran el proyecto de ley y evitar así que salieran a la luz sus acciones en diversas empresas. Tras estas presiones, el gobierno incluyó una cláusula a la ley que eximía a jefes de estado hacer públicas las empresas en las que invertía.
La exención se concedió de inmediato a la empresa Bank of England Nominees Limited, operadas por personas de alto nivel del Banco de Inglaterra. The Guardian cree que dicha exención ayudó a ocultar la fortuna de la Reina hasta, al menos, 2011.
El acuerdo se ha descubierto en el marco de una investigación sobre el uso por parte de la familia real del llamado «consentimiento de la reina», un procedimiento parlamentario «para influir secretamente en la formación de las leyes británicas», dice el diario, desde el que sugieren que este proceso le ha permitido a Isabel II y a sus abogados presionar en secreto para lograr cambios legislativos como el mencionado.
Tras las informaciones, la Casa Real ha defendido a través de un comunicado que el consentimiento de la reina «es un proceso parlamentario, con el papel de soberano puramente formal. El monarca siempre otorga el consentimiento cuando lo solicita el gobierno. El Parlamento decide si se requiere el consentimiento de la reina, independientemente de la Casa Real, en asuntos que afectarían los intereses de la Corona, incluida la propiedad personal y los intereses personales del monarca».
«Si se requiere consentimiento, el proyecto de ley, por convención, se entrega al soberano para que lo otorgue únicamente por consejo de los ministros y como asunto de dominio público», han sentenciado desde Buckingham Palace.
