Irregularidades de la decisión contra María Corina Machado

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El abogado constitucionalista venezolano Carlos Ramírez López dialogó sobre las últimas maniobras y reestructuraciones del Tribunal Supremo de Justicia para dejar fuera de la carrera presidencial a la líder de la oposición.

El jueves 24 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, lanzó una contundente amenaza a María Corina Machado. “No hay forma de que sea candidata en ninguna elección en Venezuela”, afirmó en una encendida intervención ante los legisladores chavistas.

En reiteradas oportunidades el gobierno de Maduro venía advirtiendo que la líder de Vente Venezuela (VV), candidata de la oposición tras su arrolladora victoria en las internas, no formaría parte de las próximas elecciones presidenciales previstas para este año. Sin embargo, la presión internacional y los Acuerdos de Barbados arrojaban una luz de esperanza para que, de una vez por todas, el chavismo garantice unos comicios libres y transparentes.

Pero el gobierno de Maduro, a pesar de sus promesas y compromisos firmados, tenía otros planes.

Las palabras de Rodríguez no fueron más que un adelanto de lo que ocurriría horas después. El viernes 25 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -afín al régimen- ratificó la inhabilitación política que ya pesaba sobre María Corina Machado.

Un TSJ que con esta sentencia volvió a estar en el foco de la polémica. Una vez más estuvo al servicio del régimen y le dio la espalda a la Constitución venezolana. Un TSJ que en su conformación ya viola lo establecido por la Carta Magna, ya que los nuevos miembros de la junta directiva no cumplen con los requisitos para desempeñar el cargo.

El artículo 263 de la Constitución es el que enumera las condiciones para ejercer como magistrados del máximo tribunal. Además de tener la nacionalidad venezolana por nacimiento, y no otra nacionalidad, deben ser ciudadanos de reconocida honorabilidad; ser jurista de reconocida competencia; gozar de buena reputación; haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y tener título universitario en materia jurídica; o haber sido profesor universitario titular durante un mínimo de 15 años; o ser o haber sido juez superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de 15 años en el ejercicio de la carrera judicial, y de reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones; entre otros.

“Ellos intervinieron el tribunal, que ya de por sí era un tribunal adulterado, que no cumplía con los requisitos mínimos (…) cuyos jueces no fueron elegidos ni mediante concurso público, sino puestos a dedo por personas afines”, explicó el abogado constitucionalista venezolano Carlos Ramírez López.

“Hicieron una reestructuración del tribunal que partió del hecho de renovar las directivas. La presidenta del TSJ, que era de la Sala Constitucional, Gladys Gutiérrez, no quiso firmar esa sentencia y se puso a un lado. Por eso pusieron a Caryslia Rodríguez, una militante del partido que viene haciendo publicidad partidaria, que no tiene muestras de independencia… La pusieron para emitir esa sentencia”, agregó.

Pese a no contar con mayores experiencias en el área judicial, Rodríguez, quien se desempeñó como presidenta de la Sala Electoral del TSJ desde abril de 2022, fue designada como presidenta del TSJ a mediados de enero durante una reunión de los magistrados que integran la Sala Plena, en la que además el presidente de la Sala de Casación Social, Edgar Gavidia Rodríguez, fue ratificado como primer vicepresidente del Supremo, mientras que Tania D’Amelio, ex rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue nombrada segunda vicepresidenta del máximo tribunal y presidenta de la Sala Constitucional.

Hasta hace unos pocos años Rodríguez formaba parte del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lo que contrasta con los requisitos para integrar el máximo tribunal de justicia de la nación. Como funcionaria chavista fue concejala por el Circuito 3 del municipio Libertador del Distrito Capital en 2018, y alcaldesa encargada de Caracas en 2021.

Su reciente designación al frente del TSJ se concretó mientras la defensa de Machado, que durante varios días asistió a la sede del TSJ, esperaba que el máximo tribunal se pronunciara sobre el levantamiento de la inhabilitación. “Nunca entendí por qué María Corina Machado se atuvo a ese compromiso de ir ante un tribunal que es un tribunal adulterado, que no es un tribunal de justicia, poniendo en manos de esta gente su candidatura”, apuntó Ramírez López.

Y agregó: “Ni siquiera le dejaron ver el expediente. Estuvo el abogado visitando el tribunal y le decían que estaba en reestructuración, y la reestructuración era el cambio de magistrados. En la sentencia argumentan elementos extrajurídicos, como que María Corina Machado estaría involucrada en temas como Monómeros o Citgo, cuando ella no tiene nada que ver con eso”.

La Sala Político Administrativa del TSJ validó los argumentos para sancionar a la líder de Vente Venezuela, a la que el chavismo acusa de ser “partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Antonio Guaidó M., que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos”.

El TSJ había creado un mecanismo de impugnación de inhabilitaciones para quienes aspiraban a presentarse a las presidenciales de 2024, bajo presión de Estados Unidos y en medio de los Acuerdos de Barbados entre el gobierno y la oposición en un proceso de negociación que cuenta con la mediación de Noruega.

Ramírez López explicó, además, que las nuevas autoridades judiciales “manipularon la propia ley del TSJ”: “Algo que vienen haciendo en este tipo de sentencias espinosas. En este caso tiene gran relevancia por la decisión”.

En ese sentido se refirió a la modalidad de “ponencia conjunta” implementada por los jueces maduristas. Según explicó, las sentencias tienen que estar bajo la responsabilidad de un magistrado. En este caso son tres los que conforman la sala. Sin embargo, ellos establecieron una modalidad que no existe en la ley, que es la de “ponencia conjunta”.

“Según la ley del TSJ, cuando llega una acción, se reúne la sala, y le asignan la ponencia a uno de los magistrados. Ese magistrado prepara un proyecto de ponencia, lo presenta en reunión, y puede ser aprobado por unanimidad -o no-. En algún punto puede oponerse alguno y quedar especificado en el escrito (…) Pero ellos adoptaron una modalidad, la de ponencia conjunta, para no adoptar esa responsabilidad. A partir de esa modificación, los tres magistrados estudiaron la sentencia y la escribieron a mano, para no dejar ver quién asumió la responsabilidad de la decisión”, apuntó el abogado venezolano.

Este tipo de inhabilitaciones políticas, que representan una vieja arma del chavismo para sacar del medio a sus rivales políticos de mayor peso, las impone la Contraloría.

Ramírez López recordó que gobierno de Maduro utilizó a “un falso contralor” para llevar adelante esta acción contra la dirigente opositora: “En ese momento el contralor era Manuel Galindo Ballesteros. La Constitución establece que para estar en el cargo debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, pero a él lo dejó en el cargo Cilia Flores. Estuvo un año como procurador general, luego dejó el cargo y lo nombraron como contralor general sin los requisitos que establece la Constitución”.

Pese a haber estado al frente de la Contraloría, no fue él quien firmó la primera inhabilitación, sino Antonio José Meneses: “Era un funcionario sin relevancia, no el contralor”.

Meneses, quien firmó la inhabilitación de María Corina Machado el 30 de junio pasado, luego fue trasladado al Consejo Nacional Electoral.

La líder de Vente Venezuela había sido inhabilitada por un año en 2015 por haber asistido como “embajador alterno” de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura de Maduro durante las protestas civiles de ese año. Pero el año pasado el régimen extendió esa sanción a 15 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, en medio de la campaña para las primarias opositoras. Machado, no obstante, no acudió en ese entonces a la Contraloría porque desestimaba el caso en su contra, al que hasta el día de hoy considera arbitrario e ilegal.

Pese a la inhabilitación en su contra, se presentó a la interna y arrasó con el 92% de los votos. Ahora, tras la ratificación de su inhabilitación, afirmó que participará de las elecciones presidenciales pese a la decisión del máximo tribunal de justicia. “Yo recibí un mandato del pueblo y lo haremos cumplir”, dijo durante un acto frente sus partidarios en Caracas. “Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente porque la gente ya escogió quién es su candidato, punto”.

La arremetida contra la líder de la oposición provocó un fuerte repudio internacional y Estados Unidos lanzó un ultimátum a Maduro, al que advirtió que tiene tiempo hasta abril para habilitarla o, de lo contrario, restablecerá las sanciones. Pero el dictador venezolano parecer tener lo que tanto deseaba: a Alex Saab de regreso en Caracas, y a María Corina Machado inhabilitada. El pasado miércoles participó de la apertura del Año Judicial, en la que, además de destacar la labor del TSJ, dejó en claro que no habrá cambios en la sentencia: “Cosa juzgada, sentenciada definitivamente firme (…) Nadie puede estar por encima de un país y de la Constitución”.

Con información de infobae.com

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