Investigan a exmilitares de Perú que cuestionaron elecciones
EFE
La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar a más de 60 ex altos mandos de las Fuerzas Armadas, entre ellos el exdictador Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), por presunta rebelión, sedición y conspiración por cuestionar la legitimidad del recuento de las recientes elecciones presidenciales.
En un oficio, la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Lima ordenó la apertura de diligencias preliminares a raíz de una carta firmada de manera conjunta donde daban credibilidad a las denuncias de fraude presentadas, sin pruebas consistentes, por la candidata derechista Keiko Fujimori.
En ese sentido, los exmilitares dudaban de la legitimidad que pudiera tener el candidato Pedro Castillo si finalmente obtuviera la presidencia.
Ningún organismo observador internacional ni las autoridades electorales peruanas ha encontrado indicios de la existencia de un «fraude» en los comicios del pasado día 6 de junio.
Entre las pesquisas hay ordenado un interrogatorio a Morales Bermúdez, de 99 años y condenado a cadena perpetua en Italia por el Plan Cóndor, así como a otros ex altos mandos militares como el vicealmirante Julio Concha y el teniente general José Nadal, firmantes de la misiva de fecha 14 de junio.
Los tres militares se ratificaron en su posición en una nueva carta fechada en el 25 de junio y expresaron su disconformidad con que el Gobierno les exhorte a no utilizar los emblemas de las Fuerzas Armadas para no generar confusión.
CONGRESISTAS ENTRE LOS FIRMANTES
La primera misiva también estaba suscrita por otros conocidos militares en retiro como el ex primer ministro Walter Martos o los almirantes Jorge Montoya y José Cuento, ambos congresistas electos por el ultraconservador partido Renovación Popular.
La apertura de la investigación fue confirmada por el exministro y congresista del Partido Aprista Jorge Del Castillo, quien anunció en redes sociales que ejercerá de abogado de Morales Bermúdez en esta investigación.
«Ante este abuso de poder, un grupo de abogados asumiremos la defensa ad honorem», anunció Del Castillo, que es parte de la coalición de derechas que apoya a Fujimori en solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) una auditoría internacional del recuento de votos.
También participarán en esa defensa el exjuez Javier Villa Stein y los abogados Aurelio Pastor, Humberto Abanto, Erasmo Reyna y Luis Lamas Puccio, entre otros.
La investigación de la Fiscalía no abarca de momento otra carta con fecha 17 de junio, firmada por más de un millar de militares en retiro donde solicitaban a las Fuerzas Armadas no reconocer al izquierdista Pedro Castillo como presidente electo, lo que en la práctica sería un golpe de Estado.
Esa comunicación también fue trasladada por el presidente interino Francisco Sagasti a la Fiscalía para que la evaluase y abriese la pertinente investigación si así lo considerase.
FRAUDE INEXISTENTE
Las elecciones presidenciales se celebraron el pasado domingo 6 de junio entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Con el escrutinio completo, Castillo es el virtual presidente electo al haber obtenido el 50,12 % de los votos válidos, con un estrecho margen de unos 44.000 votos por encima de Fujimori.
Sin embargo, al día siguiente de la votación, cuando veía que su derrota era casi irreversible, Fujimori denunció sin pruebas un supuesto «fraude» electoral y solicitó anular unos 200.000 votos de zonas rurales, andinas y pobres donde Castillo tuvo un apoyo abrumador.
La batería de recursos de Fujimori ha sido rechazada por los jurados electorales por falta de evidencias o por no haber sido presentados a tiempo, pero aún está pendiente que sean revisados en segunda y última instancia por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que retrasa la proclamación oficial de Castillo como presidente electo.
La posibilidad de un fraude ha sido descartada ampliamente por la comunidad internacional, con pronunciamientos de la OEA, la Unión Europea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Canadá, así como otros organismos nacionales que han hecho supervisión como la Asociación Civil Transparencia y la Defensoría del Pueblo.
