Investigaciones sobre el «Cucutazo» dejan más dudas que respuestas
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Una trama de corrupción conocida como el «Cucutazo» salió a la luz, tras la denuncia de Calderón Berti, quien era embajador de Juan Guaidó en Colombia y quien rechazó el presunto desvío de una alta suma de dinero destinado a la atención de los militares que desertaron de la Fuerza Armada y se instalaron en Cúcuta, y que era manejado por Kevin Rojas y Roxana Barrera, ambos integrantes de Voluntad Popular.
«Había un mal manejo de las cosas y había que prestarle atención. No lo inventé yo. Las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos donde se hablaba de prostitutas, licor», dijo en su momento.
Según denuncias, el presunto desvío de fondos llegó a ser de casi 100 mil dólares. Aunque desde este rotativo no se pudo conversar con los implicados, Sergio Vergara, también integrante del partido de Juan Guaidó y Leopoldo López, aseguró que ellos sólo decidieron encargarse de la manutención del grupo gracias a donaciones de empresas privadas, ya que Acnur, organismo que inicialmente respondía por los uniformados, aseguró que no podía continuar con la labor.
«Ellos con coordinaciones con el despacho a través de algunas organizaciones conseguían el dinero para pagar, que fue lo que se confirmó con Fiscalía colombiana, que efectivamente abrió una investigación que no continuó porque no se comprobó nada. No habían malversado fondos y no habían hecho un uso indebido. Más de 80 mil de los 90 mil dólares que se recibieron allí fueron cancelados directamente a los hoteles, ni siquiera pasaron por las manos de estas personas», explicó.
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