Instituto Casla pide a la CPI emitir orden de aprehensión contra Nicolás Maduro
EFE
El Instituto Casla solicitó al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que emita órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y otros funcionarios de alto rango de su gobierno, al considerarlos como responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El instituto señaló que la represión sistemática generalizada, la persecución, intimidación, detenciones arbitrarias, torturas, violación y cualquier otra forma de violencia sexual no han cesado en Venezuela.
«Al día de hoy, son mas de 2500 las personas detenidas, en su mayoría, han sido sometidos a desapariciones forzadas temporales, torturas físicas y psicológicas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, intimidación, amenazas y, en varios casos, detención de familiares y amigos mas cercanos, y en la mayoría de los casos, ha intervenido el Dgcim, el Sebin, la PNB y la GNB», expresó en un comunicado de prensa.
Para el Instituto Casla, esto demuestra que el gobierno venezolano no está dispuesto a cesar la represión, sino a desatar su «furia» contra la población civil y la diligencia política venezolana por los resultados contrarios al gobierno, obtenidos en las elecciones presidenciales del 28 de Julio.
«La represión y persecución sistemática generalizada continua, se agrava, no se detiene. Nicolás Maduro esta dispuesto a continuar con los crímenes por el cual el Estado esta siendo investigado, con tal de mantenerse en el poder, a costa de la vida de los venezolanos».
Instituto Casla pide órdenes de arresto contra funcionarios de inteligencia venezolanos
El Instituto Casla pidió el pasado mes de julio a la Corte Penal Internacional que emita órdenes de arresto contra cuatro funcionarios de alto rango de cuerpos de inteligencia y policiales venezolanos.Los señalados pertenecen a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.
La solicitud se ampara en el Artículo 58 del Estatuto de Roma, que permite a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI ordenar arrestos si hay pruebas suficientes de que se ha cometido un crimen bajo su jurisdicción.
