Instituto Casla: En Venezuela continúan los crímenes de lesa humanidad
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El Instituto Casla, una organización que promueve los valores de la democracia y los derechos humanos, denunció que en Venezuela el Estado «continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad» al reportar la situación y condiciones en las que permanecen recluidos los más de 260 presos políticos que mantiene el régimen de Nicolás Maduro.
En un comunicado, el Instituto Casla reportó traslados forzados, presos que son incomunicados, falta de información a familiares y abogados, reclusión en celdas de tortura, falta de alimentación adecuada y agua, falta de atención médica, intimidación, amenazas, entre otros.
Destacó que el pasado 19 de febrero, se realizó el traslado de un número desconocido de presos políticos desde la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicada en Caracas hacia el Internado Judicial El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda. El comunicado subrayó que los presos fueron sacados «sin las pocas pertenencias que tenían, sin que sus familiares y abogados fueran notificados de dichos traslados». Agregó que la «poca información que se tiene» es que están «incomunicados en celdas parecidas en su tamaño y contenido a las celdas de la casa de los sueños del Dgcim, sin que se les permita comunicarse con sus familiares, sin agua potable, teniendo que tomar agua proveniente de tuberías de la calle”.
Además, Casla resaltó que no hay información sobre si se les están suministrando medicinas a los que las necesitan, «ya que varios presentan graves patologías adquiridas durante el tiempo que han estado detenidos, y presumimos que se le sumarán enfermedades gastrointestinales por el tipo de hidratación que consumen», reseñó Infobae.
Recordó que varios de los presos políticos tienen medidas cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre ellos, el general Héctor Hernández Da Costa y el coronel Oswaldo García Palomo.
«Hasta ahora se conoce, y no porque el régimen haya entregado un «listado oficial», que además de los anteriormente nombrados, fueron trasladados el Teniente Coronel Igbert Marín Chaparro, Juan Carlos Marrufo, Leonardo Azocar y Daniel Romero del caso ‘Sidor’; y José Gregorio Montiel, José Daniel Mendoza, José Antonio Moreno, Audelino Bermúdez y Jonathan Abache por el caso ‘La Viñeta’», apuntó Casla en el comunicado.
Resaltó que «todos tenían medidas cautelares de protección cuando estaban en el Dgcim y fueron violentados, torturados física y psicológicamente los últimos meses, situación que fue notificada a la CIDH en su debida oportunidad y no obtuvimos respuesta».
Recordó que el Grupo Contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas declaró que la detención de varios de los presos políticos fue «arbitraria» y exigió su liberación. También, los casos fueron presentados ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Desaparición forzada
El Instituto Casla indicó que en los últimos meses se ha producido la «desaparición forzada» de varios presos políticos, lo que se evidencia en el hecho de que sus familiares y abogados no han podido comunicarse con ellos, «no saben con certeza dónde los tienen, no saben cuáles son sus condiciones físicas y psicológicas, e incluso se desconoce si han sido presentados en algún tribunal».
Por lo anterior, el instituto denunció que «el Estado venezolano continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad, convirtiéndolo en una práctica sistemática diaria para acorralar a la sociedad civil y militar, a través de la ejecución de detenciones arbitrarias, desaparición forzada temporal, torturas físicas y psicológicas de los detenidos, amenazas, persecución y detención de familiares a los que mantienen intimidados, aterrados y amenazados si denuncian».
El pasado miércoles, la ONG Foro Penal publicó su más reciente registro que da cuenta de 264 presos políticos en Venezuela.
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