Inmigrantes multados por el Gobierno de Trump piden respaldo a los legisladores
EFE
Inmigrantes indocumentados con multas por cientos de miles de dólares por no acatar las órdenes de deportación que pesaban sobre ellos buscan respaldo en el Congreso de EE.UU. para desafiar los castigos de la Administración de Donald Trump.
La mexicana Edith Espinal, que enfrenta una multa de 497.777 dólares, y las guatemaltecas Hilda Ramírez y María Chavalan Sut, con multas por 303.620 y 214.132 dólares, respectivamente, todas ellas refugiadas en iglesias, son algunos de los inmigrantes afectados por lo que la abogada de la primera califica como una «extorsión».
«Todos los que vivimos en un santuario sentimos que hemos sido olvidados por aquellos que dicen ser nuestros defensores», dijo Espinal en un llamamiento a los congresistas.
La inmigrante mexicana, de 42 años y madre de tres hijos, está refugiada en la Iglesia Menonita de Columbus (Ohio) desde octubre del 2017 y el pasado 2 de julio recibió una notificación de la multa por parte de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La abogada de inmigración Lizbeth Mateo, quien representa a Espinal, explicó a Efe que ICE dio un plazo de treinta días, que vence la semana próxima, para que pague la multa.
«Definitivamente no vamos a pagar, no tenemos esos recursos y en este momento necesitamos un apoyo real, acciones que detengan estos ataques», advirtió Mateo.
Mateo dijo que apelarán la costosa multa en la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), pero que esto no garantiza que se pueda evitar el pago.
«Desde mi punto de vista esto es un extorsión, nada nos asegura que no nos van a mandar otro cobro, esto es un ataque directo a las instituciones de fe y a la lucha contra la deportación», insistió la abogada.
Poco después de iniciar su mandato en 2017, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que se apliquen todas las sanciones posibles a las personas indocumentadas en el país.
Según las normas, ICE puede multar a quienes no cumplen con la ley de inmigración hasta con 799 dólares por día.
Mateo, que tiene su despacho de abogada en Los Ángeles, viajó hasta Washington para elevar la voz por Espinal y los demás inmigrantes que, según ella, están siendo acosados por el Gobierno Trump.
«La Administración está buscando una disculpa para entrar a los santuarios alrededor del país y violar las normas que el mismo ICE tiene sobre lugares sensibles donde supuestamente su agentes no pueden hacer arrestos», opinó la abogada.
María Chavalan Sut llegó al país en 2015 buscando asilo político y vive desde septiembre del 2018 en la Iglesia Wesley Memorial United Methodist en Virginia.
La misma situación afronta Hilda Ramírez, también guatemalteca, quien está refugiada con su hijo Iván en la iglesia presbiteriana San Andrés, en Austin, Texas.
Impulsada por el miedo a que las autoridades irrumpan en el santuario, la detengan y la separen de su hijo, la guatemalteca Ramírez dirigió un mensaje a los líderes demócratas.
En un comunicado, pidió a legisladores como el senador Bernie Sanders y el representante Julián Castro que cumplan las promesas que han hecho y hagan de la lucha por los indocumentados y las personas que están en santuario «una prioridad».
Al llamado se unieron ciudadanos estadounidense afectados por las políticas migratorias del Gobierno Trump, como Carly García, quien vive separada de su esposo Alex desde que él buscó refugio en una iglesia en Misuri para evitar su expulsión del país.
«No importa que yo sea una ciudadana estadounidense y que tenga cinco hijos, ellos aún así quieren deportar a mi esposo», expuso García.
En ese sentido Espinal recalcó que los inmigrantes que se encuentran en iglesias hacen parte del drama de la separación familiar y los legisladores también deberían abogar por estos indocumentados.
«Se nos dice que tengamos paciencia y que esperemos la reforma migratoria, yo llevo dos años esperando que mi representante visite la iglesia pero no ha atendido mi solicitud y yo siento que nosotros no somos una prioridad», subrayó Espinal.
