INMIGRACIÓN | Polémica en EE.UU. tras decisión del Supremo sobre veto de Trump
EFE
La afirmación del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que la decisión del Tribunal Supremo de aceptar a trámite su veto migratorio fue unánime ha causado polémica en el país, donde algunos expertos afirman que es imposible saber si ha sido como afirma el mandatario.
Tras conocer la decisión judicial, Trump dijo en un comunicado: «La decisión unánime de hoy del Tribunal Supremo es una victoria clara para nuestra seguridad nacional».
Sin embargo, la decisión del alto tribunal fue «Per Curiam», es decir, atribuible a la corte en su conjunto y no firmada por un solo juez, como ocurre en la mayoría de los casos que decide el Tribunal Supremo de EE.UU., según dijo a Efe Thomas Berry, analista del Instituto Cato, un centro de estudios de ideología ultraliberal.
Normalmente, uno de los nueve jueces del Tribunal Supremo se encarga de escribir la sentencia y los otros magistrados se unen a esa decisión o, si difieren, escriben por separado su opinión.
En el caso del veto migratorio, según Berry, la Casa Blanca afirma de manera «correcta» que la decisión «parece haber sido anónima» porque ningún juez expresó, por separado, su opinión.
No obstante, aunque parece que la decisión fue unánime, no puede afirmarse con seguridad.
El Tribunal Supremo de EE.UU. admitió hoy a trámite el veto migratorio que proclamó Trump el 6 de marzo para anular durante 120 días el programa de acogida de refugiados y prohibir durante 90 días el ingreso a Estados Unidos de los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia).
La corte estudiará su legalidad durante su próximo período judicial, que comienza el primer lunes de octubre de 2017 y terminará en junio de 2018.
Además, el Tribunal Supremo decidió permitir la entrada en vigor de algunas partes del veto migratorio, que no había podido ser implementado por el bloqueo de los tribunales.
De esa forma, hasta que haya una decisión definitiva, el Gobierno de Trump podrá negar la entrada al país a cualquier individuo que no pueda probar que tiene familiares en territorio estadounidense o que tiene planes ya establecidos para trabajar o estudiar en organizaciones de Estados Unidos.
