Scholars at Risk revela crisis universitaria en Venezuela
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En su más reciente informe la red internacional Scholars at Risk determinó que Venezuela se encuentra entre los 4 países donde se ejecutó la mayor cantidad de ataques y/o amenazas a la libertad académica y las comunidades universitarias durante la pandemia por Covid 19.
Se trata de China, India, Turquía, Venezuela y Yemen las naciones que más se han visto afectadas en esta materia durante la pandemia según el informe, argumentando que que han sido persistentes los ataques y las amenazas contra académicos, estudiantes y espacios universitarios en Venezuela.
Este estudio titulado Free to Think 2020, da cuenta del estado actual de la libertad académica en el mundo y determinó que entre el 1° de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020 ocurrieron 341 ataques a comunidades de educación superior en 58 países. Siete de esos ataques se registraron en Venezuela.
“Vemos científicos amenazados por realizar investigaciones que contradigan los mensajes que los Estados quieren proyectar. Vemos presiones crecientes sobre los académicos que comentan sobre los esfuerzos de respuesta del gobierno. Y vemos que las autoridades utilizan la pandemia como una tapadera para reprimir y castigar la libre investigación y expresión en general”
Según el documento, son cuatro los factores que constituyen las principales causas del declive de la educación superior en Venezuela, sobre todo en las universidades autónomas: asfixia presupuestaria; acciones gubernamentales que obstaculizan la realización de elecciones universitarias y limitan la gobernanza autónoma; ataques violentos y coercitivos contra universitarios; y disminución de la investigación científica y migración de personal calificado.
En ese sentido, emiten varias recomendaciones a las autoridades:
• Afirmar públicamente un compromiso con la no violencia y la responsabilidad social y tomar todas las medidas necesarias para garantizar que la libre expresión de los estudiantes, en el campus y en otros lugares, esté protegida;
• Asegurar el cumplimiento de las protecciones legales para la autonomía institucional bajo la ley venezolana;
• Tomar medidas consistentes con el ejercicio más pleno de autonomía institucional y libertad académica para garantizar la seguridad de las comunidades de educación superior en toda Venezuela, prevenir futuros ataques y responsabilizar a los autores de ataques pasados; y
• Rechazar consideraciones políticas partidistas a la hora de elaborar presupuestos para instituciones públicas de educación superior.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), organización que trabaja en alianza con la red SAR en Venezuela, al igual que la ONG Aula Abierta, se suma a estas recomendaciones hechas al Estado venezolano y rechaza las agresiones y amenazas documentadas en el citado informe.