Comisión parlamentaria confirma que Óscar Pérez y su grupo fueron ajusticiados
Agencias
La comisión especial parlamentaria que ha investigado el caso de la denominada «masacre de El Junquito» confirma que el ex inspector del Cicpc, Óscar Pérez, y sus seis compañeros fueron ajusticiados con un tiro de gracia después de haberse rendido a las autoridades policiales y militares el pasado 15 de enero.
La diputada Delsa Solorzano, presidenta de la comisión especial parlamentaria que investigó la matanza, presentó este lunes un informe preliminar en el que responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro por las violaciones de derechos humanos y exige la indemnización de los hijos y familiares de las víctimas.
«Los disparos a la cabeza que reflejan los certificados de defunción revelan un patrón que indica que hubo ajusticiamiento en todas las víctimas», sentenció la presidenta de la comisión parlamentaria. «Tenemos los testimonios de los familiares de cómo estaba cada uno de los cuerpos -subrayó-. Los seis hombres tenían disparos en la cabeza. Esto habla de un patrón».
Según Solórzano, «seis varones aparecen en las actas de defunción con causa de muerte por disparo en la cabeza, en algunos casos dice múltiple y en otros único, esto habla de un patrón de conducta». Se trata, además de Óscar Pérez, de Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, y Jairo y Abraham Lugo.
En cuanto a la enfermera Lisbeth Ramírez, aclaró que la joven fue ajusticiada con un disparo en la cervical, que también es un tiro de gracia en la nuca.
«Ha habido allanamientos, lesiones graves, torturas .Todo esto constituye una gravísima violación de los derechos humanos de la cual han sido víctimas estas personas», resumió la diputada en su informe.
En total, el Estado venezolano y sus instituciones bajo el Gobierno de Maduro incurrieron en la violación de diez convenios internacionales y leyes nacionales por su arbitraria actuación, que han sido detalladas en el informe parlamentario.
La diputada Solórzano mostró a la prensa la comunicación enviada al Ministerio Público y a los titulares del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, solicitando su comparecencia en la Asamblea Nacional, aunque ninguno ha respondido a la solicitud.
Afirmó que las autoridades policiales y militares destruyeron las pruebas en la escena del crimen de la vivienda en El Junquito para no dejar rastros del asesinato colectivo. Tampoco entregaron los cuerpos a los familiares y más bien retrasaron y dividieron su entierro en diferentes cementerios para impedir el sepelio del piloto Pérez y su grupo en forma colectiva como lo habían solicitado los familiares.
Delsa Solórzano denunció que el régimen de Maduro quería cremar los cuerpos de los insurgentes para borrar todas las evidencias, pero reconoció que la labor de la morgue de Bello Monte en el caso de Óscar Pérez y su grupo lo impidió. Los funcionarios de la medicatura forense «se restearon y no permitieron la cremación».
«Querían cremar los cuerpos»
La diputada fue contundente: «No fueron rumores, no fueron especulaciones: querían cremar los cuerpos, por eso insistimos ante la morgue de Bello Monte en el cumplimiento de la Ley de Servicio Funerario; los cuerpos inhumados deben ser resguardados».
Dijo que «se tiene que resguardar el lugar donde ocurren los hechos punibles, para evitar que se desaparezcan o alteren evidencias. El lugar del suceso, en el Junquito, fue completamente destruido».
En cuanto al entierro dijo la diputada que ahí también se violaron los derechos de los familiares. «Los cuerpos fueron trasladados al Cementerio del Este. Hicieron firmar a familiares la entrega de los cuerpos y no los entregaron como se debe sino que los llevaron directamente a cementerio. Fueron sepultados sin autorización».
