Informe anual de Provea registra 23 presos políticos asesinados bajo torturas

Provea

Durante 2019 se registró un aumento de 526,60% respecto al número de víctimas contabilizado en 2018. El CICPC y la DGCIM encabezan la penosa lista que refleja el ascenso del terrorismo de Estado en Venezuela. La mayoría de las personas torturadas fueron presos comunes, pero de acuerdo al perfil socio-económico de las víctimas, los militares fueron -por segundo año consecutivo-, los principales afectados por la tortura en Venezuela.

Luis Alcides Alviarez de 33 años fue detenido el 19 de septiembre de 1989 cuando efectivos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), se presentaron en su casa preguntando por su padre. Esa misma tarde sus familiares se enteraron de su muerte en las dependencias de la DIM en Boleíta Norte, Caracas. La versión oficial indicó que Luis Alcides se había ahorcado, pero cuando sus familiares recibieron el cadáver notaron que presentaba rastros de haber recibido una brutal golpiza. Su cuerpo tenía fracturas y quemaduras.

Los familiares afirmaron que Alviarez no tenía antecedentes penales o policiales y tampoco sufría de trastornos emocionales que lo indujeran a suicidarse.

El director de la DIM, Herminio Fuenmayor, explicó que Luis Alcides fue citado para un interrogatorio por una comisión del Tribunal Militar de San Cristóbal a causa de la pérdida de un cheque por Bs. 55.000 de la Proveeduría Militar de San Cristóbal en el estado Táchira. La esposa de la víctima trabajaba en esa dependencia y había hecho denuncias de irregularidades con desfalcos de hasta Bs. 2 millones ante la Contraloría Interna de las Fuerzas Armadas, lo que causó la destitución de varios funcionarios.

La familia presumió que se trató de una venganza provocada por las denuncias de corrupción que hizo la esposa de Luis Alcides Alviarez.

Alviarez fue la cuarta víctima asesinada por tortura que Provea registró en su primer Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Ese año, la organización expresó su preocupación por la práctica de la tortura a manos de funcionarios militares y policiales del país, y advirtió que, a pesar de su recurrente uso como mecanismo de castigo contra detenidos, no constituía aún un patrón de abuso sistematizado y de empleo generalizado.

Era septiembre de 1989 y el país apenas se recuperaba de las terribles heridas causadas por el suceso conocido como “El Caracazo”, en el que cientos de personas fueron víctimas de abusos por parte de los agentes de la fuerza pública, en medio del desesperado intento del gobierno de Carlos Andrés Pérez por aplastar el descontento social.

Al publicar su reporte correspondiente al período octubre 1988 – diciembre 1989, Provea contabilizaba un total de 10 casos de torturas, con 4 personas fallecidas a consecuencia de los castigos infligidos por policías y militares.

31 años después las cosas han cambiado y no para bien.

El 28 de junio de 2019, otro detenido en los calabozos del organismo de inteligencia de la Fuerza Armada, corrió con la misma suerte que Luis Alcides Alviarez.

Un Capitán de Corbeta de la Armada Venezolana, Rafael Acosta Arévalo, fue detenido el 21 de junio de este año acusado de formar parte de una conspiración para desalojar del poder a Nicolás Maduro. El 22 de junio de 2019, la esposa del militar denunció su desaparición y declaró que había hablado con él por última vez a las 2:00 de la tarde del día anterior, mientras se encontraba en una reunión en la ciudad de Guatire, en el estado Miranda. Ese día, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detuvieron a siete personas, entre militares y policías activos y retirados. Entre los detenidos se encontraban dos coroneles retirados, un general de brigada de la aviación, un teniente coronel del Ejército, dos comisarios retirados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el capitán, Acosta Arévalo. El 26 de junio, después de seis días sin conocer su paradero, la detención de Acosta Arévalo fue anunciada por el ministro de comunicación e información de facto Jorge Rodríguez, quien acusó a tres de ellos, incluyendo al capitán, de incurrir en los delitos de “terrorismo, conspiración y traición a la patria”.

El 28 de junio, Acosta Arévalo fue trasladado por una comisión del DGCIM a la sede del Tribunal Militar que debía realizar su audiencia de presentación. El capitán llegó en una silla de ruedas con evidentes signos de torturas. Los funcionarios de la DGCIM impidieron que la entrevista con sus abogados fuera privada. Acosta Arévalo presentaba excoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en las manos, inflamación extrema en los pies, rastros de sangre en las uñas y lesiones en el torso. Acosta Arévalo tampoco era capaz de mover las manos o los pies, de poder levantarse o de hablar, con la excepción de aceptar el nombramiento de su defensor y de pedirle auxilio a su abogado.

Su estado era tan crítico que el Juez ordenó que el capitán fuera trasladado al Hospital Militar del Ejército Dr. Vicente Salias Sanoja, ubicado en el Fuerte Tiuna. Horas después informaría que el detenido había fallecido en la noche en el hospital. Rafael Acosta Arévalo fue torturado en los calabozos de la DGCIM.

Castigar y silenciar

En medio de un acelerado deterioro de la calidad de vida y de la extinción del Estado de Derecho, la tortura en Venezuela se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención del país, contra presos comunes y personas privadas de libertad por razones políticas. La tortura, como castigo “ejemplarizante”, se ha institucionalizado en Venezuela y forma parte del repertorio represivo empleado por la dictadura de Maduro.

En las comunidades pobres y en las cárceles del país, la violencia institucional que ejercen las corporaciones de seguridad del Estado es empleada como mecanismo de control social contra excluidos y disidentes políticos. En un contexto generalizado de negación de la ciudadanía, la respuesta Estatal no se produce desde una dimensión institucional, democrática y restauradora de derechos, sino por el contrario, se afianza en la lógica negadora y excluyente para aplastar los reclamos y ejercer el terror sobre la población.

El monitoreo de prensa y recopilación de denuncias recibidas por Provea entre los meses de enero y diciembre de 2019, reveló que durante el período se denunciaron 40 casos de torturas que incluyeron a 574 víctimas individualizadas de este delito contra los derechos humanos.

Esta alarmante cifra constituye un aumento de 526,60% en el número de víctimas contabilizadas, respecto a los 12 meses del año 2018 cuando fue registrado un total de 109 personas afectadas por torturas. Además, es el registro más alto documentado por Provea en 31 años de monitoreo del derecho a la integridad personal en el país, superando a las 185 víctimas registradas en 2014. Debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo derivadas de la disminución de prensa independiente y el temor de los familiares de las víctimas para denunciar los abusos, la data pudiera estar sujeta a un sub-registro, lo que indica que pudo haber ocurrido un número aún mayor de casos de torturas. Por segundo año consecutivo, ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo publicaron sus respectivos informes de gestión institucional.

La mayoría de las personas torturadas fueron hombres, jóvenes y pobres, manteniéndose así el perfil histórico de las víctimas de este delito. El 98,60% (566) de las víctimas individualizadas fueron de género masculino, mientras que el 0,87% (5) fueron de género femenino. En el restante 0,52% (3) de las víctimas no pudo identificarse el género. Las edades de las víctimas identificadas oscilaron entre los 8 y los 60 años, y la mayoría de las lesiones infligidas a estas personas consistieron en golpes; patadas; culatazos; descargas eléctricas; crucifixión; violación; peinillazos; insultos, entre otras.

Del total de víctimas documentadas por Provea entre los meses de enero y septiembre, 426 (74,21%) fueron personas privadas de libertad procesadas y condenadas por la comisión de delitos comunes; 124 (21,60%) militares detenidos al ser acusados de formar parte de actos conspirativos contra la dictadura de Nicolás Maduro; 22 personas (3,83%) fueron civiles detenidos por razones políticas o en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y 2 (0,34%) víctimas se produjeron en otras circunstancias.

En tres casos que involucran a la DGCIM se agrupan 116 víctimas de torturas. Todas, militares detenidos acusados de conspiración, terrorismo y traición a la patria, y torturados en la sede del organismo en el sector Boleíta Norte, al noreste de Caracas.

Otras 250 víctimas se agrupan en dos casos en los que el CICPC es señalado como responsable. 100 en un caso que involucra a Custodios del Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios (MPPAP) y otras 30 víctimas en un caso que involucra a la GNB.

Terror en “El Pasillo Verde”

Los privados de libertad del área “media” del Centro Penitenciario “Fenix”, en Lara, recibieron una golpiza a manos de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, como castigo por exigir respeto a sus derechos.

Una requisa sorpresa realizada la madrugada del 15 de septiembre de 2019 por efectivos de la GNB y el hallazgo de un supuesto facsímil de arma de fuego, propició que más de 30 reclusos fueran severamente golpeados por los militares. De acuerdo a las denuncias se ordenó a los presos en una fila y segundos después fueron rodeados por militares quienes hicieron “el pasillo verde” con funcionarios armados a cada extremo del lugar y en el medio los reclusos. Las víctimas relataron haber recibido culatazos, patadas, golpes e insultos por más de media hora.

“A los minutos un privado de libertad, de unos 55 años, cayó desmayado, quizás por el miedo y los golpes. Ellos sólo meten excusas para pegarnos. Esta vez fue porque consiguieron una pistola de madera”, denunció un recluso en declaraciones ofrecidas en medios regionales.