India: Castigarán con cárcel a quien haga trampa en exámenes públicos
EFE
La Cámara Baja del Parlamento de la India, Lok Sabha, aprobó este martes un proyecto de ley que establece penas de hasta diez años de cárcel y fianzas por hacer trampas en exámenes y pruebas de acceso público, en un intento por frenar esta extendida práctica en el país asiático.
El proyecto de ley, que todavía necesita la aprobación de la Cámara Alta, tiene como objetivo «frenar las filtraciones, los vicios y las malas prácticas organizadas» en los exámenes de contratación y pruebas de acceso gubernamentales, según el Gobierno indio precursor del borrador de la norma.
La ‘Ley de exámenes públicos (prevención de medios desleales)’ contempla penas de entre tres a cinco años de prisión para estudiantes que utilicen medios desleales o fraudulento para sus pruebas.
Mientras que personas involucradas en grupos organizados para la venta de exámenes o crímenes para vulnerar el sistema de evaluación se enfrentarán a cinco a 10 años de prisión y una multa mínima de 10 millones de rupias, unos 12.000 dólares.
La trampa masiva en pruebas escritas para la admisión a cargos y públicos o gubernamentales es una práctica extendida que las autoridades indias han tratado de evitar pese a la ausencia de mecanismos jurídicos que ayuden a atajar estos casos.
«No existe una ley específica a nivel nacional para abordar los medios injustos adoptados o los delitos cometidos por personas, grupos organizados o cualquier otra organización que afecte negativamente la realización de exámenes públicos», dijo ayer durante la presentación del proyecto el viceministro de Reclamaciones Públicas, Jitendra Singh.
El gobierno del estado norteño de Assam ordenó en agosto de 2022 el corte del internet en varias zonas donde se llevaba a cabo un examen de contratación para ocupar de casi 30.000 puestos de trabajo gubernamentales, al que acuden más de un millón de estudiantes.
El país asiático reporta todos los años casos de arrestos, filtraciones de cuestionarios o repeticiones de pruebas escritas tras descubrirse las trampas, que a menudo implican a centenares de personas.
«Muchos estados han tenido que cancelar o no han podido declarar los resultados de sus exámenes públicos debido al impacto adverso de prácticas y medios desleales adoptados por elementos criminales antisociales», alertó el viceministro.
Por lo tanto, «es imperativo que los elementos, tanto dentro como fuera de los sistemas de examen, que explotan estas vulnerabilidades sean identificados y tratados eficazmente mediante una legislación central integral», indicó Singh.
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