Humala y su esposa permanecen en prisión a la espera de su excarcelación
EFE
El expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia permanecían hoy en prisión y a la espera de su excarcelación, dilatada en trámites judiciales, tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que aceptó sus recursos de hábeas corpus contra la detención preventiva que cumplían.
El abogado de Humala, Wilfredo Pedraza, explicó que la resolución del TC fue remitida la tarde hoy, viernes, al Poder Judicial para que la derive a un juzgado que ordene al Instituto Nacional Penitenciario su liberación, mientras son investigados por lavado de activos.
«Esperamos la comprensión de las autoridades para terminar los trámites, de manera que más tarde o mañana temprano deberían ser liberados», expresó Pedraza a Canal N.
El letrado agregó que esperaban «un procedimiento más dinámico», dado que la aprobación de los hábeas corpus para los Humala ya no requiere ninguna evaluación adicional.
Numerosos simpatizantes del partido Nacionalista, fundado por Humala y Heredia, esperaron todo el día en los exteriores del penal de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional para saludar al exgobernante cuando salga de la prisión.
Sus seguidores se quejaron, ante los medios de comunicación, de que otros procesados por corrupción y lavado de activos hayan alcanzado su libertad antes que la expareja presidencial, que ha cumplido nueve meses en detención preventiva sin que la Fiscalía formalice una denuncia contra ellos.
El expresidente (2011-2016) y su esposa son investigados por los presuntos aportes irregulares en sus campañas electorales de 2006 y 2011 de parte del gobierno venezolano y de la empresa brasileña Odebrecht, respectivamente.
De acuerdo a las declaraciones de los representantes de Odebrecht a los fiscales peruanos, Heredia recibió tres millones de dólares de la compañía para la campaña de 2011.
La justicia peruana investiga la ruta de unos 29 millones de dólares que Odebrecht admitió además haber entregado a funcionarios peruanos para adjudicarse obras de infraestructura entre 2005 y 2014, periodos que comprenden los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
La excarcelación aprobada para los Humala con la decisión del Tribunal Constitucional (TC) ha generado un debate entre los magistrados que lo componen, respecto al antecedente que puede representar para otros detenidos preventivamente por cargos de corrupción.
La magistrada Marianella Ledesma, que votó en contra de la excarcelación, explicó a RPP Noticias que «lo que ha hecho el TC es inclinar la balanza más hacia la protección de la libertad y desprotegiendo el tema ciudadanos».
Ledesma remarcó que ese fallo es «hipergarantista» y protege a cualquier investigado sobre el que se quiera pedir prisión provisional, pues «genera una línea jurisprudencial».
Por su parte, el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, cuyo voto determinó la aprobación del hábeas corpus, declaró que «hay prisión preventiva para rato, pero claramente bajo los parámetros que corresponden a su naturaleza de excepción».
Espinosa-Saldaña dijo a Ideele Radio que su voto se basa en la «protección de los derechos para evitar el abuso de poder» y que la prisión preventiva debe aprobarse para «situaciones extremas».
De otro lado, el exvicepresidente y exlegislador nacionalista Omar Chehade afirmó que hoy «el riesgo de fuga (de Humala y Heredia) es absolutamente mayor, porque ellos saben perfectamente que van a ser condenados».
«Es tal la carga probatoria que tienen en su contra, que si el día de mañana fuera la sentencia, van a ser condenados», expresó Chehade a RPP Noticias.
El fallo del Tribunal Constitucional revocó la prisión preventiva al considerar que esta medida cautelar era excesiva para afrontar la investigación que la Fiscalía realiza a ambos por un presunto delito de lavado de activos en las donaciones recibidas para financiar las campañas electorales de 2011 y 2016.
La sentencia es fruto de los diversos recursos legales presentados por el matrimonio para recuperar su libertad, mientras que en redes sociales denunciaban sufrir una injusta detención, a diferencia de otros políticos investigados por el escándalo Odebrecht que permanecen libres.
